ÍNDICE

 

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INTRODUCCIÓN

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I. LA INSTITUCIÓN DE LA ADOPCIÓN

    1. Concepto de Adopción
    2. Breves Antecedentes Históricos de la Adopción
    3. Concepto Moderno de Adopción
    4. La Revocatoria de la Adopción a través de la Historia
    5. Origen de la Adopción y de la Revocatoria de la Misma en la Legislación Guatemalteca y su Tratamiento a través de las Distintas Leyes.

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II. EFECTOS JURIDICOS DE LA REVOCATORIA

A. Pérdida o Subsistencia de la Patria Potestad al Revocar el Adoptante la Adopción.

B. Efectos Doctrinarios de la Revocación de la Adopción.

C. Formas de Adquirir la Patria Potestad.

D. Suspensión y Pérdida de la Patria Potestad

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III. LEGISLACIÓN COMPARADA

    1. Países que Contemplan la Revocatoria de la Adopción
    2. Países que No Contemplan la Revocatoria de la Adopción.
    3. La Adopción en Guatemala.
    4. ¿Desvirtúa la Revocación de la Adopción la Naturaleza Jurídica

de esta Institución, así como de la Filiación en General?

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  1. ANÁLISIS SOBRE LA APLICABILIDAD O NO APLICABILIDAD DEL DECRETO 375 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
  1. De la Aplicabilidad Parcial del Decreto Legislativo 375 del Congreso de la República
  2. ¿Es inconstitucional el Decreto 375 del Congreso de la República?

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  1. INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 247 DEL CÓDIGO CIVIL

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  • CONCLUSIONES
  • VII. RECOMENDACIÓN A. La Necesidad de Suprimir la Revocación de la Adopción por parte del Adoptante

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    VIII. BIBLIOGRAFIA

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    ANEXO A

    Entrevistas sobre Decreto Legislativo 375 del Congreso de la República

    Lic. Ignacio Andrade Aycinena

    Licda. Rosa Eugenia Fuentes de Semrau

    Lic. Jorge Asensio Aguirre

    Licda. Estela Bailey Beltetón y Licda. Mirna Estela Mejía Ordóñez

    de Escobar

    Lic. Carlos Díaz Durán

    Lic. Fernando Linares Beltranena

    Dr. Luis Beltranena Valladares

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    ANEXO B

    Fotocopia Decreto 375

     

     

     

    INTRODUCCIÓN

    La institución de la adopción ha existido durante cientos de años. En sus inicios tenía un significado totalmente diferente al que tiene hoy en día. En sus orígenes, su principal interés era la continuación de la estirpe para lograr la supervivencia del culto de los antepasados. Actualmente esta institución persigue fines distintos, entre los cuales podemos mencionar: resolver el problema de la niñez abandonada y conceder, a la vez, los beneficios de experimentar la paternidad a aquellas personas que por distintas razones carecen de ellos.

    En Guatemala la adopción es una institución que se encuentra regulada en el Código Civil, Decreto-Ley 106; en los Artículos 228 al 251 y en el Decreto Legislativo 375, el cual se encuentra parcialmente vigente. En el Código Civil se establece que la adopción es un acto jurídico de asistencia social. Por la forma que se encuentra regulada, ésta es revocable. Considero que la revocación de la adopción va contra la naturaleza de la misma, por las razones que se exponen en este trabajo de investigación. Es así como en esta tesis se intenta hacer un análisis legal de las repercusiones que tiene el hecho, que de acuerdo al ordenamiento legal vigente en Guatemala, la adopción pueda revocarse unilateralmente; así como que tal autorización va, a criterio del autor en contra de los principios de esta institución.

    Debemos recordar que esta institución actualmente conlleva los fines de consentir, experimentar la paternidad a aquellas personas que por cualquier motivo no pueden tener hijos naturales o que deseen adoptar otros o que por razones sociales y altruistas, desean conceder un mejor hogar a aquellos menores cuyos padres hubieren fallecido o fueron abandonados por ellos y sus parientes, y puedan pasar a formar parte de un verdadero hogar.

    En virtud de lo anteriormente expuesto y por la naturaleza jurídica de la adopción, de acuerdo con la doctrina predominante, se establece que con la adopción se crean vínculos legales similares a los que crea la filiación, entre el adoptante y el adoptado. El hecho de permitir que la adopción pueda ser revocada por el adoptante, es incompatible con la condición de permanencia de todo estado civil, haciendo de la adopción guatemalteca una institución que limita las oportunidades de los niños desamparados de encontrar el hogar del que carecen.

    A nuestro parecer es necesario estudiar las implicaciones jurídicas de la revocabilidad de la adopción, las cuales están íntimamente relacionadas con las repercusiones morales y sociales de la misma.

    Por las razones anteriormente expuestas se plantea la siguiente hipótesis:

    ¿DESVIRTÚA LA REVOCACIÓN DE LA ADOPCIÓN LA NATURALEZA SOCIAL Y JURÍDICA DE ESTA INSTITUCIÓN?

    El hecho de permitir que el adoptante pueda revocar la adopción equivale a autorizar su arrepentimiento y cambio de parecer, lo cual es totalmente incompatible con la condición de permanencia de todo estado civil, afectando seriamente el orden público.

    La mayoría de las instituciones jurídicas van evolucionando al ritmo de la sociedad, se van ajustando a las necesidades de la población y es por ello que consideramos que este estudio puede ser de mucha utilidad para hacer de la adopción una institución que cumpla con los fines que persigue actualmente.

    CAPÍTULO I

    LA INSTITUCIÓN DE LA ADOPCIÓN.

    1. CONCEPTO DE ADOPCIÓN:
    2. ADOPCION: Del latín adoptio, onem, adoptare, de ad y optare, desear. Según el texto de las partidas, adopción, que en romance quiere decir "profijamiento", es "una manera que establecieron las leyes por la cual pueden los hombres ser fijos de otros, maguer no sean naturalmente."()

      En la Doctrina encontramos innumerables definiciones de adopción:

      Dussi la define como "el acto jurídico solemne, en virtud del cual la voluntad de los particulares, con el permiso de la ley y la autorización judicial, crea entre dos personas, una y otra naturalmente extrañas, relaciones análogas a las de la filiación legítima". ()

      De Casso la define como "la adopción es la ficción legal por la que se recibe como hijo al que no lo es por naturaleza". ()

      Castán Tobeñas la define como "la adopción es un acto jurídico que crea entre dos personas un vínculo de parentesco civil, del que derivan relaciones análogas (aunque no idénticas) a las que resultan de la paternidad y filiación legítimas". ()

      En Guatemala la adopción "es el acto jurídico de asistencia social por la que el adoptante toma como hijo propio a un menor que es hijo de otra persona". ()

    3. BREVES ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA ADOPCIÓN:
    4. Antes de desarrollar el punto de esta tesis, consideramos necesario explicar en forma breve los antecedentes y orígenes de la adopción, para así entender mejor el punto de esta investigación.

      El origen de la adopción se encuentra en la India, de donde fue transmitida a otros pueblos vecinos. Todo hace suponer que de allí la tomaron los hebreos, quienes la transmitieron con su inmigración a Egipto, de donde pasó a Grecia y después a Roma. Ya se encuentra regulada jurídicamente entre los babilonios (Código de Hammurabi, 2285 a 2242 AC), pero sólo en el Derecho Romano alcanza una ordenación sistemática. ()

      La adopción en sus orígenes tenía un significado totalmente distinto al que tiene hoy en día, ya que en las primeras etapas de la civilización su principal interés era la continuación de la estirpe para lograr la supervivencia del culto de los antepasados. La adopción en los pueblos primitivos era, en efecto, un remedio ofrecido por la religión y por las leyes a aquellas personas que carecían de heredero para la continuación de la estirpe y para la supervivencia del culto doméstico, ya que de acuerdo con las creencias antiguas, vigentes en el derecho romano, este hecho era una catástrofe que era preciso evitar. Se cree que probablemente surgió por la costumbre instituida por la religión que hacía que la mujer, en caso de no tener hijos con el marido, procurara tenerlos con el hermano del mismo o con el pariente más cercano. ()

      En Grecia se cree que la adopción no existía en Esparta y así lo estiman la mayoría de los autores, por el hecho que todos los hijos se debían al Estado. En Atenas, en cambio, estuvo organizada y se practicó. Estas adopciones siempre se hacían con la intervención de un magistrado, formalidad que se transmitió a Roma. En Roma alcanzó un gran desarrollo, donde tuvo una doble finalidad: la religiosa, tendente al culto familiar y otra destinada a evitar la extinción de la familia. ()

      Es de conocimiento general que el Derecho Romano conoció dos formas de adopción: la arrogatio y la adoptio. La arrogatio es la más antigua y en ella se advierten los rasgos de un régimen de vida de íntima comunidad. Este tipo de adopción consistía en que una persona tómase como hijo a otra que hasta entonces no había estado sujeto a la patria potestad. Se efectuaba una vez que el Colegio Pontifical la declaraba procedente, por acuerdo de la Asamblea popular antigua. Es por esta razón que se le llamaba arrogatio per populum. Por arrogación sólo podían ser adoptados hombres libres sui iuris; las mujeres y los interdictados no lo podían ser, por no fomar parte en los comicios. Este tipo de adopción sólo se podía realizar en Roma; para las provincias se utilizaba la arrogatio per rescriptum principis. La adoptio (la adopción en sentido estricto), se llevaba a cabo mediante un complicado negocio compuesto de dos momentos: el primero tenía por objeto desligar al menor de la potestad actual, para lo cual se aplicaba la máxima de las Doce Tablas sobre la liberación del hijo por tres mancipaciones: el padre vendía a su hijo por primera vez al adoptante o a un tercero y a continuación el adquirente lo dejaba salir del mancipium con lo que volvía a la potestad paterna; nuevamente se repetía la emancipación y la liberación, hasta la tercera mancipatio, por la cual el padre perdía definitivamente su patria potestad sobre el hijo y se transmitía al adoptante. Cuando se trataba de una adopción de una hija o un nieto, bastaba una emancipación. La adoptio podía celebrarse en todos los lugares en que hubiera un magistrado romano con plena jurisdicción, incluyendo provincias. En este tipo de adopción se llegó a distinguir entre la potestad adoptio plena y la minus plena. En la adoptio plena (la que existía si el adoptante era ascendiente natural del hijo, o cuando el abuelo, en vida del padre, daba al nieto a un extraño en adopción) producía siempre la cesión de la patria potestad. En la minus plena, no se integraba ésta, pero creaba una relación filial entre el adoptante y el adoptado e incluso un derecho sucesorio, pero éste no era de carácter forzoso. ()

      El Derecho Justiniano abolió todo este formalismo, limitándose a solicitar la declaración de adopción realizada por el padre natural ante el magistrado, con la presencia del adoptante y el consentimiento del adoptado.

      En España la adopción tuvo relativamente poca importancia en sus orígenes y no hay vestigios de ella hasta el Fuero Real, siendo regulada completamente en las Partidas, que datan del siglo XIII. Por la forma que está organizada se advierte fácilmente que era una copia casi fiel de las disposiciones de Justiniano sobre la misma.

      La adopción en Francia tiene particular interés por lo controvertido que fue la conveniencia de introducir la institución a su legislación y por la influencia y difusión a nivel mundial del Código de Napoleón (influencia que llegó a la República de Guatemala). La adopción era casi desconocida en Francia en el siglo XVIII. A partir de 1792, a solicitud de Rougier de Lavengerie a la Asamblea, se incluyó al cuerpo legal civil de la nación francesa. Fue en este momento que las adopciones se hicieron numerosas en Francia. Pero a partir de la sanción del Código de Napoleón el 23 de marzo de 1803, esta institución fue realmente regulada y estudiada a fondo. Entre las cosas más relevantes podemos mencionar que únicamente podían ser adoptados los mayores de edad. La forma en que fue regulada la adopción no se arraigó en la costumbre y el número de las mismas disminuyó considerablemente.

      Con la Primera Guerra Mundial y la gran cantidad de huérfanos que ésta provocó, se hizo necesario reformar y mejorar el Código Napoleónico, por lo que sobrevino la reforma del 19 de junio de 1923, completada por la ley del 23 de julio de 1925. Es a partir de esta fecha que es posible adoptar menores de edad en Francia.

    5. CONCEPTO MODERNO DE ADOPCIÓN:

    Como hemos expuesto, el concepto moderno de adopción no es el mismo que el concepto tradicional. Hoy en día ya no persigue primordialmente el beneficio del adoptante, ya que las motivos que hacen a una persona adoptar actualmente es por distintas razones a las que tenían en sus orígenes, dentro de las principales podemos mencionar, sin que la siguiente sea una enumeración limitativa, las siguientes: resolver el problema de la niñez abandonada, conceder, a la vez, los beneficios de la paternidad a aquellas personas que por distintas razones carecen de ellos, personas con hijos biológicos que deseen tener otro. La adopción actualmente ya no es en beneficio del adoptante, y existe en todos los ordenamientos jurídicos del mundo.

    La adopción cumple hasta hoy, dos funciones de gran relevancia: resolver el problema de los niños abandonados y expósitos, cumpliendo una función de beneficio social; y otorgar los beneficios y alegrías de la paternidad a personas que por diversas razones carecen de ellos, por lo que cumple una función sustitutiva de la filiación sanguínea.

    D. LA REVOCATORIA DE LA ADOPCIÓN A TRAVÉS DE LA HISTORIA:

    Para entender la revocatoria de la adopción consideramos necesario explicar en forma breve las clases de adopción que reconoce la doctrina. La adopción plena y la menos plena.() Este estudio pone énfasis en la adopción plena, ya que ésta tiene el carácter de irrevocable, lo que permite incorporar al menor y considerarlo exactamente como si fuera hijo propio por naturaleza. Este punto será desarrollado más adelante.

    "La adopción plena es la instituida para los niños abandonados o expósitos, que produce efectos superiores a los de la adopción tradicional y muy similares a los de la legitimación adoptiva. Es la adopción plena la que permite verdaderamente que se asimile al hijo adoptivo a la condición de hijo biológico, llenando las necesidades del menor y el deseo del adoptante de poder considerarlo verdaderamente como hijo, sus efectos son más extensos que los de la adopción simple, ya que desliga completamente al adoptado de su familia de origen, para formar parte de una nueva familia, con los derechos y obligaciones de un hijo biológico del adoptante. (...) en ella el adoptado queda respecto al adoptante en una situación jurídica muy análoga a la del hijo respecto al padre, si bien hay que reconocer que, cuando se configura prácticamente el estado de hijo adoptivo como el de un hijo, se permite en ciertos casos, y cuando razones graves lo aconsejen, la investigación y demostración de la realidad de la situación adoptiva. La segunda que coincide casi exactamente con la adopción única (...) y que produce, efectos mucho más limitados, (...) a la adopción menos plena se le denomina ahora simple. La notificación, (...),más fundamental, es la de atribuir a adoptante y adoptado la posición sucesoria del padre y el hijo legítimos, con lo que se agotan (...) las posibilidades de favorecimiento del vínculo adoptivo." ()

    Entre los países que contemplan la adopción plena podemos mencionar España, Uruguay y Costa Rica. La adopción plena de acuerdo a Ripert y Boulanger "produce los efectos de la filiación". ()

    La adopción plena incorpora de forma total al adoptado a la familia del adoptante, ya que asimila los efectos de la legitimación adoptiva a la legitimación() legítima, dándole al adoptado la calidad de hijo biológico, ya que este tipo de adopción una vez cumplido todos los requisitos, rompe los lazos y vínculos entre el adoptado y su familia de origen y hace surgir entre el adoptado y la familia del adoptante verdaderos vínculos de parentesco. Este tipo de adopción, como ya expusimos, tiene el carácter de ser irrevocable.

    La adopción plena crea una filiación idéntica a la que surge por la procreación, ya que como dijimos anteriormente, el adoptado adquiere el carácter de hijo de los adoptantes y éstos el de padres de aquél, con todas sus consecuencias. El hijo adoptivo adquiere los mismos derechos y las mismas obligaciones que tendría si fuera hijo biológico. Los efectos de la adopción plena son los mismos que los de la filiación, los cuales se encuentran regulados en el Código Civil, Decreto-Ley 106. ()

    La figura que contempla nuestro ordenamiento jurídico es la adopción menos plena, lo cual se deduce del análisis a dicha legislación. La forma en que se encuentra regulada esta institución se debe a que nuestro ordenamiento jurídico tiene su fundamento en el Derecho Alemán, ya que éste sólo hace referencia al vínculo personal existente entre adoptante y adoptado y los parientes del adoptante no se encuentran vinculados con el adoptante. A contrario sensu en el derecho europeo existe la regla de que los descendientes del adoptado adquieren la situación de descendientes legítimos del adoptante.

    Este tipo de adopción establece que los derechos y obligaciones que nacen de la adopción, así como el parentesco que nace entre adoptante y adoptado, no se extiende a los parientes de uno u otro.() En este tipo de adopción el adoptado no se desliga totalmente de su familia natural, ya que éstos conservan sus derechos de sucesión recíproca y tiene el carácter de ser revocable.

    Los orígenes de la revocación de la adopción podemos encontrarlos en el Derecho Romano, ya que entre los efectos de la misma se disponía la transmisión de la patria potestad al adoptante o arrogante, quien en la adopción en sentido estricto, podía revocar el vínculo por su voluntad, no así en la arrogación, donde estaba prohibida la revocación. ()

    El Diccionario Manual e Ilustrado de la Real Academia Española define revocar como: "Dejar sin efecto una concesión, un mandato o una resolución"; y la revocación como: "Acción y efecto de revocar".

    Doctrinariamente, la revocación produce la cesación de todos los efectos de la adopción relativos al nombre, la patria potestad, los derechos sucesorios, la obligación alimentaria, los impedimentos matrimoniales y la administración de los bienes del adoptado por el adoptante.()

    E. ORIGEN DE LA ADOPCIÓN Y DE LA REVOCATORIA DE LA MISMA EN LA LEGISLACIÓN GUATEMALTECA Y SU TRATAMIENTO A TRAVÉS DE LAS DISTINTAS LEYES

    La institución de la adopción fue regulada en Guatemala por primera vez y se definió de la siguiente manera: "la adopción ó prohijamiento es el acto de tomar por hijo al que no lo es del adoptante" en el Código Civil de 1877. () En el mismo cuerpo legal se estableció que la adopción no es revocable sin causa. "Son causas para revocar la adopción, las mismas que sirven de fundamento para la desheredación de un heredero forzoso."() La forma en que este código regulaba la adopción era una imitación de la forma en que ésta estaba regulada en el Código Español de 1851, el cual, de acuerdo a Castán Tobeñas, "admitía y reglamentaba la institución, simplificando su régimen al prescindir de las antiguas especies en las que la había clasificado el derecho romano, pero sin lograr darle una orientación práctica ni un matiz moderno." ()

    El Código Civil de 1926 suprimió la institución de la adopción() por considerar que no era necesaria y se prestaba a una gran cantidad de abusos y crímenes. El Código Civil de 1932 () mantuvo el mismo criterio que el Código Civil de 1926.

    Fue restablecida en la Constitución de 1945, y se estableció que la adopción se instituyó en beneficio de los menores de edad y no se reconocen desigualdades legales entre los hijos naturales y los adoptivos.

    En 1947, surge la primera Ley de Adopción (Decreto Legislativo No. 375), publicada el 5 de mayo de 1947, la cual se encuentra parcialmente vigente ya que en las disposiciones transitorias del Artículo 2179 del Decreto Ley 106 , únicamente se limitó a establecer que se derogaban todas aquellas disposiciones que ya estén comprendidas o que estén en oposición con lo establecido en el Código Civil, Decreto-Ley 106, razón por la cual consideramos de gran importancia analizar en términos generales en el capítulo cuarto

    qué artículos se encuentran vigentes en nuestra legislación hasta la presente fecha.

    La Constitución de 1956, en su Artículo 91 establece: "La adopción está instituida en beneficio de los menores de edad. Los adoptados adquieren la condición legal de hijos de sus adoptantes". La Constitución de 1965, en su Artículo 87 último párrafo establece: "Se instituye la adopción en beneficio de los menores de edad. Los adoptados adquieren la condición legal de hijos de sus adoptantes."() La Constitución de 1956 y la 1965 le dan el mismo tratamiento.

    El Código Civil contenido en el Decreto-Ley 106 y sus reformas, el cual fue publicado el 7 de Octubre de 1963 (y se encuentra vigente), establece en su Artículo 228, lo siguiente:

    "La adopción es el acto jurídico de asistencia social por el que el adoptante toma como hijo propio a un menor que es hijo de otra persona".()

    Esta definición es básicamente igual a la que establece el Decreto 375 del Congreso de la República, con la única diferencia que en el Código Civil se incluye la palabra adoptante. Ambas definiciones traen la innovación de definir la adopción utilizando el término "acto jurídico". Esto es de gran relevancia ya que el Código guarda silencio ante la hipótesis de una adopción que adolece de nulidad, por lo que es necesario remitirnos a las normas de la nulidad de los actos jurídicos. ()

    Por tratarse de una institución de orden público y sujeta a ciertas solemnidades para asegurar su seriedad, la ley establece una serie de requisitos sustanciales y formales. La inobservancia de tales condiciones es el motivo determinante de la nulidad o anulación del acto.

    La adopción por el hecho de ser un acto jurídico puede ser susceptible de nulidad ya sea por vicios de forma o de fondo, por las mismas causales y en los mismos términos que un negocio jurídico. Para una mejor comprensión de este punto deberán analizarse los actos jurídicos nulos y los anulables, al amparo de la legislación guatemalteca. ()

    En el Código Civil, Decreto-Ley 106, se encuentra regulado el derecho unilateral por parte del adoptante a la revocación de la adopción, por cualquiera de las causales enumeradas en el Articulo 247, las cuales son:

    1. Por atentar el adoptado contra la vida y el honor del adoptante, su cónyuge, ascendientes o descendientes;
    2. Por causar maliciosamente al adoptante una pérdida estimable de sus bienes;
    3. Por acusar o denunciar al adoptante imputándole algún delito, excepto en causa propia o de sus descendientes o cónyuge; y
    4. Por abandonar al adoptante que se halle física o mentalmente enfermo o necesitado de asistencia.

    El Decreto Legislativo 54-77 que contiene la Ley Reguladora de la Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria, no hace referencia al trámite que debe seguirse para la revocación de la Adopción, ya que la misma debe ser declarada judicialmente.

    El 21 de noviembre del 2000, el pleno del Congreso de la República conoció una Iniciativa de Ley de la representante Nineth Montenegro Cottón, con número de registro 2381, la cual pretende aprobar una nueva Ley de Adopciones.

    Esta iniciativa de ley tiene entre sus propuestas el hecho de establecer que la adopción deberá ser única, plena, irrevocable y otorgará al adoptado los mismos derechos y obligaciones de los hijos biológicos, cesando los vínculos jurídicos del adoptado con su familia biológica, salvo los impedimentos para contraer matrimonio por vínculos de consanguinidad. Con esto se estaría adoptando por parte de la legislación guatemalteca la llamada adopción plena. Es por esta razón que siendo un punto medular en este trabajo de tesis, en el siguiente capitulo se analizara en forma especifica la revocación en relación a la adopción.

     

     

    CAPÍTULO II

    EFECTOS JURÍDICOS DE LA REVOCATORIA

    1. PÉRDIDA O SUBSISTENCIA DE LA PATRIA POTESTAD AL REVOCAR EL ADOPTANTE LA ADOPCIÓN:
    2. Según el Licenciado Alfonso Brañas, "El Código puede ser objeto de crítica si se toma en cuenta que, para la revocación de la adopción, únicamente consideró la posible conducta antijurídica del adoptado. Pudo subsanarse la omisión si hubiese dispuesto que procedería la revocatoria de la adopción en los mismos casos en que procede la pérdida de la patria potestad, toda vez que ésta es ejercida por el adoptante sobre el adoptado." Al respecto se limitó a disponer en el Artículo 249 del mismo cuerpo legal. que la resolución en la cual se declare la pérdida o suspensión de la patria potestad del adoptante, obliga al juez a tomar inmediatamente medidas oportunas para que el menor vuelva al poder de sus padres si existieren, o quede bajo la tutela de algún pariente hábil o del centro asistencial que corresponda. El Artículo 250 del mismo cuerpo legal establece que la rehabilitación del adoptante para el ejercicio de la patria potestad, deja en vigor la adopción en los términos establecidos en la escritura respectiva.

      Por la naturaleza jurídica de la adopción, según el criterio predominante en la doctrina, ésta crea nexos ficticios similares a los que crea la filiación. En Guatemala se conoce como parentesco civil, es decir, no propiamente los nexos naturales resultantes de la filiación.

      Al revocar la adopción el adoptante, éste pierde la patria potestad sobre el adoptado, ya que como la ley civil guatemalteca reconoce la adopción semi-plena, la revocación produce la cesación de todos los efectos de la adopción, relativos al nombre, la patria potestad, los derechos sucesorios, la obligación alimentaria, y la administración de los bienes del adoptado por el adoptante.

      De acuerdo con la legislación guatemalteca, cuando un padre natural pierde la patria potestad sobre su hijo, la filiación, el parentesco y las obligaciones subsisten. En dicho caso, la patria potestad la ejercerá el otro padre y si esto no es posible, la tutela la ejercerá el pariente más próximo, u otra persona de reconocida honorabilidad, o si fuere posible un centro educativo.() Por las razones anteriormente expuestas no compartimos la opinión del Licenciado Alfonso Brañas, en cuanto a qué sucede si al adoptante se le suspende o pierde la patria potestad sobre el adoptado. Al establecer nuestro ordenamiento jurídico que la rehabilitación del adoptante deja en vigor la adopción, podemos establecer que la misma sigue vigente. Somos de la opinión que en el caso de la adopción, dado que la ley establece que el menor vuelva al poder de sus padres naturales si existieren, o quede bajo la tutela de algún pariente hábil o del centro asistencial que corresponda, estas personas tienen el ejercicio de la patria potestad, pero por continuar vigente la adopción, la ejercerían en calidad de tutores del menor. Debemos recordar que el que haya sido suspendido en el ejercicio de la patria potestad o la hubiere perdido, no quedará exonerado de las obligaciones hacia sus hijos.() Por lo que en caso el adoptante nunca recupere el ejercicio de la patria potestad sobre el adoptado, la adopción continúa vigente.

      Como ya expusimos, la revocación de la adopción es un derecho unilateral del adoptante, que únicamente él puede ejercitar por la conducta antijurídica del adoptado, por lo que el adoptado no puede pedir la revocación en virtud de haberse suspendido al adoptante el ejercicio de la patria potestad. .

    3. EFECTOS DOCTRINARIOS DE LA REVOCACIÓN DE LA ADOPCIÓN:
    4. Producida la revocación, cesan todos los efectos de la adopción relativos al nombre, la patria potestad, los derechos sucesorios, la obligación de prestar alimentos, los impedimentos matrimoniales y la administración de los bienes del adoptado por el adoptante.

      Quienes somos del criterio que la adopción debe imitar la naturaleza, sostenemos que la misma debe tener carácter de permanencia, perpetuidad e inmutabilidad. Por el contrario, los que consideran a la adopción como una institución creadora de un vínculo artificial de parentesco análogo al que une al padre o a la madre con sus hijos legítimos, afirman que hay circunstancias de gran relevancia que aconsejan la revocación del vínculo adoptivo.

    5. FORMAS DE ADQUIRIR LA PATRIA POTESTAD:

    La doctrina establece tres diferentes formas de adquirir la patria potestad:() la procreación, la legitimación y la adopción. ()

    Procreación: "Los hijos que hemos procreado de justas nupcias están en nuestra potestad, son los hijos legítimos, según la Instituta; "()

    Legitimación: "Modernamente se ha descompuesto el sentido de esta palabra, que en Roma (y hace poco en España) se empleaba en el sentido de hacer legítimo lo que no lo era, y más concretamente a hacer legítimos a los hijos nacidos fuera de matrimonio".()

    Adopción: "Comprendía la adrogatio (adopción de persona sui juris) y la datio in adoptionem (adopción de persona sometida a la patria potestad). El adoptado en el primer caso, perdía la independencia y quedaba sometido a la potestad del adoptante; en el segundo caso, pasaba de la potestad de uno a la de otro. ()

     

    D. SUSPENSIÓN Y PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD:

    Todas las legislaciones de corte latinoamericano contemplan la suspensión y pérdida de la patria potestad.() Para el desarrollo de la presente tesis nos limitaremos a analizarlo desde el punto de vista de la adopción.

    Por la conducta antijurídica del adoptante no se produce la revocación de la adopción, sino la suspensión o pérdida de la patria potestad, y dependiendo de la conducta del adoptante, será suspendida o perdida. Las disposiciones que regulan la patria potestad, suspensión, pérdida y rehabilitación de la misma, rigen para la adopción en lo que fueren aplicables. ()

    No debe considerarse que la suspensión o pérdida de la patria potestad por parte del adoptante den como resultado la revocación de la adopción, por las razones expuestas en la sección de la presente tesis relativa a los efectos jurídicos de la adopción. La ley no establece nada sobre quién tiene acción para pedir la suspensión o la pérdida de la patria potestad. Si el menor fue adoptado en forma conjunta, se entiende que sería el otro cónyuge, y en los demás casos, de acuerdo al artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, Decreto 512 del Congreso de la República Número y al Decreto 25-97 también del Congreso de la República, se deberá oír a las personas que prestaron su consentimiento en el Instrumento Público en que se constituyó y la Procuraduría General de la Nación.

     

     

     

    CAPÌTULO III

    LEGISLACIÓN COMPARADA

     

    1. PAÍSES QUE CONTEMPLAN LA REVOCATORIA DE LA ADOPCIÓN:

    Para poder ilustrar la figura de la revocatoria de la adopción, consideramos de mucha utilidad analizar el ordenamiento jurídico de distintos países para poder entender de una mejor manera la naturaleza jurídica de la figura objeto de la presente tesis. Las causales para revocar una adopción son diversas y entre los países que la contemplan, podemos mencionar:

    VENEZUELA, PANAMÁ, PERÚ, MÉXICO CHILE: Contemplan la revocatoria de la adopción por indignidad. Pueden incurrir en esta causal tanto el adoptado como el adoptante.

    MÉXICO, VENEZUELA, BRASIL, PERÚ Y CHILE: Establecen la revocatoria por la negativa a aprestar alimentos. Algunos códigos la incluyen expresamente como causal de revocación como los de los países ya enumerados, mientras otros la contemplan dentro de la causal por indignidad.

    PERÚ Y VENEZUELA: Los ordenamientos jurídicos de estos países mencionan como causal de revocación de la adopción la impugnación justificada, la cual se funda en el hecho de que el menor o el incapaz pueden haber sido adoptados sin expresión de consentimiento de su parte o un consentimiento viciado por la inmadurez mental. Algunas legislaciones como las anteriores indican que al llegar a la mayoría de edad, el adoptado pueda manifestar su voluntad en el sentido del cese de la adopción. Generalmente, para iniciar la revocación por esta causal, la mayoría de legislaciones fija un plazo. En España es de cuatro años, en Perú es de un año y en Venezuela es de dos años, contados a partir del momento que el menor alcanza la mayoría de edad.

    BRASIL, ALEMANIA, SUIZA, VENEZUELA: De conformidad con su ordenamiento jurídico, permiten la revocación fundada en el acuerdo mutuo entre adoptante y adoptado. Generalmente, esta disposición surge de equiparar la adopción con un contrato bilateral.

    B. PAÍSES QUE NO CONTEMPLAN LA REVOCATORIA DE LA ADOPCIÓN:

    Debemos recordar que la adopción es principalmente y por excelencia una medida de protección a través de la cual, bajo la vigilancia del Estado, se establece una relación paterno-filial entre personas que no la tienen por naturaleza. A continuación enumeraremos algunas legislaciones que no contemplan la revocación de la adopción. Entre ellas tenemos:

    COLOMBIA: La adopción en Colombia tiene las siguientes características: el adoptado deja de pertenecer a su familia y extingue todo parentesco de consanguinidad; establece parentesco civil entre el adoptado, el adoptante y los parientes consanguíneos o adoptados de éste; y es de carácter irrevocable.

    ESPAÑA: Por la forma en que se encuentra regulada la adopción en España podemos decir que es un acto jurídico de forma determinada y naturaleza irrevocable. En España, el adoptante adquiere la patria potestad del adoptado, pero éste no se desliga de su familia natural (biológica) ya que conserva íntegros sus derechos sobre ella.

    No debe considerarse que la suspensión o pérdida de la patria potestad por parte del adoptante den como resultado la revocación de la adopción, por las razones expuestas en la sección de la presente tesis relativa a los efectos jurídicos de la adopción. La ley no establece nada sobre quién tiene acción para pedir la suspensión o la pérdida de la patria potestad. Si el menor fue adoptado en forma conjunta, se entiende que sería el otro cónyuge, y en los demás casos, las personas que prestaron su consentimiento en el Instrumento Público en que se constituyó y a la Procuraduría General de la Nación.

     

    C. LA ADOPCIÓN EN GUATEMALA:

    La adopción tradicional como la que regula nuestro ordenamiento jurídico, es una adopción que no es acorde con el concepto moderno de adopción, ya que deja esta es revocable y deja al menor con vínculos con su familia natural y vínculos con el adoptante. Al conservar los lazos de parentesco preexistentes, se desvirtúa la naturaleza jurídica que la adopción persigue hoy en día, ya que tiene entre sus fines proporcionar una familia al menor desamparado, incorporar a un menor al núcleo familiar y conceder al mismo tiempo, los beneficios de la filiación a aquellas personas que por diversas razones carecen de ellos.

    El hecho de permitir que una adopción pueda ser revocada es incompatible con la condición de permanencia del estado civil que se crea por ficción legal a través de la adopción, ya que el adoptado adquiere lo condición de hijo del adoptante y debemos recordar que todo estado civil es intransmisible, irrenunciable, insuceptible de transacción e imprescriptible. De la misma forma que la ley prohíbe a un padre natural revocar el reconocimiento sobre la paternidad de un hijo natural una vez hecha no puede arbitrariamente revocarse, esta misma prohibición debería ser incorporada a la adopción, en razón de que esta otorga por ficción legal, la filiación, que produce como consecuencia derechos y obligaciones que deben ser definitivos e irrevocables.

    Estamos consiguientes que con el simple hecho de derogar el articulo que permite la revocación de la adopción 247 del Código Civil, no hace que esta sea acorde con los fines que esta persigue actualmente. Es imperativo redefinir la naturaleza de la adopción, de tal forma que el hijo adoptado pase a formar parte verdaderamente de la familia del adoptante de la misma forma que el nacimiento de un hijo biológico. Solamente las personas que están contra que el menor pase a formar parte de la familia natural del adoptante y desligar al menor por completo de su familia natural, siendo ésta, por lo tanto, irrevocable, argumentan que si se establece que el menor adoptado pasa a formar parte de la familia natural del adoptante, esta familia no tiene por qué asumir responsabilidades y obligaciones hacia un menor que no forma parte de la descendencia consanguínea del adoptante. Sin embargo, en nuestra opinión, al igual que un hijo natural forma parte de su familia natural, un hijo adoptado debería formar parte de la familia del adoptante, pues de acuerdo con la ley todos los hijos deben ser tratados por igual y en ese sentido, se debe integrar al adoptado como parte de la familia del adoptante, con todos sus derechos, obligaciones y beneficios.

    Los que somos del criterio que es necesario reformar la forma en que la adopción se encuentra regulada actualmente, de tal forma que el menor sea incorporado de una forma total a la familia natural del adoptante y, por lo tanto, tener la adopción la característica de irrevocable, argumentamos que el concepto moderno de adopción tiene hoy en día distintos fines, dentro de los cuales podemos mencionar: proveer de una verdadera familia a niños abandonados y que carecen de familia a un hogar, y satisfacer a la vez los deseos de los padres adoptivos que quieren que se les permita considerarlo como si fueran hijos biológicos.

    Además, debemos recordar que en Guatemala, la familia está organizada sobre la base legal del matrimonio, () el cual constituye el mejor ambiente para que un niño se desarrolle normalmente. Nuestra Carta Magna establece que todos los hijos son iguales ante la ley y tienen los mismos derechos. Toda discriminación es punible.()

    Las adopciones que se realizan por caprichos, sin que los adoptantes hayan reflexionado seriamente acerca de las responsabilidades que conlleva la paternidad, o para adquirir los beneficios personales de un sirviente o un enfermero, representan un problema que debe tratar de evitarse; pero si estos casos llegan a ocurrir, debería ser responsabilidad de la Procuraduría General de la Nación valorar a los presuntos padres adoptivos. Es decir, que estos aspectos se relacionan más con la ley y con la sección encargada de colocar a niños en hogares adoptivos. Además, casos de mala aplicación se pueden encontrar en todas las instituciones del derecho, sin que constituya una razón para afirmar que la institución de adopción no debe ser reformada.

    En nuestra opinión, es inadmisible que el factor biológico sea de tal relevancia que amerite hacer esta distinción en la ley, ya que engendrar biológicamente a un ser no hace a una persona padre de familia. Lo que hace a una persona ser padre de familia es el que, con ánimo de permanencia, procrea, alimenta y educa a sus hijos. Esto siempre ha sido de esta manera y podemos encontrar su fundamento en el derecho natural() y en las normas del Código Civil que regulan el matrimonio.

    La diferencia que establece nuestra legislación entre padres e hijos naturales y padres e hijos adoptivos contradice el precepto constitucional de que todos los hijos son iguales ante la ley.

    1. ¿DESVIRTÚA LA REVOCACIÓN DE LA ADOPCIÓN LA NATURALEZA JURÍDICA DE ESTA INSTITUCIÓN, ASÍ COMO LA FILIACIÓN EN GENERAL?

    En principio, las normas del derecho de familia tienden a proteger a la familia, y específicamente a los menores de edad por ser la parte débil de la relación. El Estado interviene para fortalecer los vínculos familiares, para garantizar la seguridad de las relaciones, para disciplinar mejor el organismo familiar. El artículo segundo de la Constitución Política de la República literalmente establece que: "El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común". Tal es la intervención del Estado en la tutelaridad, que el Artículo 12 de la Ley de Tribunales de Familia establece lo siguiente: "Los Tribunales de Familia tienen facultades discrecionales. Deberán procurar que la parte más débil en las relaciones familiares quede debidamente protegida; y para el efecto, dictarán las medidas que consideren pertinentes. Asimismo, están obligados a investigar la verdad en las controversias que se les planteen y a ordenar las diligencias de prueba que estimen necesarias, debiendo inclusive interrogar directamente a las partes sobre los hechos controvertidos, y apreciarán la eficacia de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica." Es decir, que uno de los objetivos del Estado en relación con el Derecho de Familia es proteger a los menores de edad que por su situación jurídica se encuentran en una notable desventaja comparativa con las personas que interactúan con ellos.

    El Derecho de Familia debe buscar primordialmente el bienestar de todos los menores de edad y posteriormente el de todos sus miembros, no sólo de aquellos que ejercen la patria potestad, sino de todos los integrantes del grupo. En la disposición del Artículo 247 del Código Civil, en la cual se establece el derecho unilateral del adoptante para poder revocar la adopción, se tutela al adoptante, quien tiene la aptitud para ser sujeto activo de la relación jurídica y voluntariamente decide adoptar a un menor de edad. Dentro de los principios que inspiran el Derecho de Familia está la tutelaridad de la parte débil de la relación. En este caso, el adoptado menor de edad está en desventaja jurídica ante el adoptante ya que por no tener capacidad de ejercicio() o capacidad de obrar, carece de capacidad de dar vida a actos jurídicos o de realizar acciones jurídicas por sí mismo a diferencia del adoptante, quien goza de capacidad de ejercicio. En otras palabras, el menor no puede actuar por sí mismo durante el trámite de la adopción oponiéndose a ella (con ciertas excepciones).

    El fundamento de la adopción hoy en día en el derecho moderno es completamente distinta de la que tuvo en los pueblos primitivos. Los motivos que pueden inducir a la adopción hoy en día son en general razones de índole personal, mientras que en las civilizaciones antiguas su finalidad era asegurar la perpetuidad de las familias, así como finalidades de índole económico e incluso políticas.

    El concepto moderno de adopción hoy en día persigue el beneficio de la niñez abandonada y concede los beneficios de la filiación a personas que por diferentes razones carecen de ellos. Permitir que el adoptante pueda revocar la adopción va contra la naturaleza jurídica de la misma, ya que hoy en día es un acto voluntario bilateral y un acto judicial. Es voluntario porque la adopción se constituye a petición de parte y es un acto judicial, porque es el Juzgado de Primera Instancia de Familia es, el que autoriza la adopción, posteriormente se suscribe la escritura de adopción ya sea ante Notario Público o ante Juez competente.

    De la misma manera que la ley prohíbe a un padre natural revocar el reconocimiento sobre la paternidad de un hijo natural y una vez hecha no puede arbitrariamente retirarse, esta misma prohibición debería ser incorporada a la figura de la adopción. El hecho de que el adoptante pueda revocar la adopción equivale a autorizar su arrepentimiento y cambio de voluntad, situación que está en absoluta incompatibilidad con las condiciones de permanencia de todo estado civil. La ley crea una situación análoga a la que resulta del proceso de la procreación, haciendo surgir entre adoptante y adoptado un parentesco civil semejante al que nace entre padre e hijo consanguíneo. La filiación que resulta de la procreación debería surgir también en la adopción.

    Somos del criterio que la filiación adoptiva debe imitar a la naturaleza y sostenemos que la adopción debe tener caracteres de permanencia, perpetuidad e inmutabilidad. La adopción debe ser reformada de tal forma que todo lazo con la familia natural debe romperse, pasando el hijo adoptivo con todos los derechos a formar parte de la familia del adoptante. Los efectos de la adopción deben extenderse a los familiares de la persona que lo adopta y ser esta irrevocable. En este sentido, de acuerdo con lo expuesto con anterioridad, el factor biológico derivado de esta relación no debiera ser de tal importancia que vaya contra un lazo aún mayor como lo es el lazo afectivo que une a un padre con un hijo, independientemente de si el menor es hijo biológico o hijo adoptivo.

    Solamente los prejuicios sociales y mentes estrechas pueden considerar que la condición jurídica de los hijos adoptivos es inferior a la de los hijos naturales. El derecho no puede permitir que por razones raciales, de condición social, o de origen étnico, exista discriminación entre hijos. Aceptar este principio constituye una negación inherente del propio derecho a la igualdad, consagrado universalmente en las leyes de la mayoría de los países civilizados. Por esta razón, el derecho necesariamente debe proteger la igualdad entre estirpes de una paternidad.

    La institución de la adopción debe reformarse de forma tal que el adoptado deba pasar verdaderamente a formar parte de la familia que lo adoptó; teniendo como consecuencia lógica que la llegada al hogar de un hijo adoptivo tenga los mismos efectos y consecuencias que conlleva el nacimiento de un hijo biológico.

    Consideramos de suma importancia reformar la forma en que se encuentra regulada la adopción, para que la misma sea acorde con las concepciones modernas de dicha institución. Es necesario introducir la reforma en el sentido que el adoptante no pueda revocar la adopción por la conducta antijurídica del adoptado. Es necesario para nuestra realidad social, la cual presenta una gran cantidad de niños abandonados que carecen de familia y que a través de esta institución podrían incorporarse de una manera total a un hogar y permitir a la vez a los padres adoptantes considerarlos como si fueran hijos biológicos.

    Es verdad que pueden surgir ciertos casos aislados en los cuales la revocación de la adopción puede que sea la solución más aconsejable, pero nunca debe juzgarse una institución exclusivamente por los abusos a que puede dar lugar, sino por la finalidad primordial a que responde.

    Consideramos importante mencionar que en la mayoría de casos de adopción, los adoptantes no desean sólo la protección del adoptado, la cual podría lograrse sin acudir a la adopción, sino a la vez satisfacer el anhelo de cariño que sienten al encontrarse privados de hijos por la naturaleza o que ya teniendo desean incorporar un nuevo miembro a la familia. "Si no se quiere desvirtuar esta institución, debe mantenerse el principio romano adoptio imitat naturam(...)".()

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    CAPÍTULO IV

    ANÁLISIS SOBRE LA APLICABLIDAD O NO

    APLICABILIDAD DEL DECRETO 375 DEL CONGRESO

    DE LA REPÚBLICA

    Durante el desarrollo de la investigación que realizamos sobre la irrevocabilidad de la adopción analizándola a la luz de la legislación guatemalteca, pudimos encontrar que, aunque se haya regulado la institución de la adopción en el Código Civil, Decreto-Ley 106, ciertos artículos del Decreto 375 del Congreso de la República, el cual contiene la Ley de Adopción, aún se encuentran vigentes. En consecuencia, surge la interrogante a responder en el sentido de averiguar si hoy en día son aplicables algunos de estos artículos al caso en particular que nos atañe, la Revocación de la Adopción.

    Es por ello que es necesario realizar un breve análisis en cuanto a este tema, para así poder determinar si los artículos que más adelante se detallarán, se encuentran vigentes o no actualmente; pues del desarrollo de este punto dependerá en mucho la conclusión a que pretendemos llegar con el presente trabajo de tesis.

    En ese sentido, procedemos a exponer el análisis de la vigencia o no vigencia de los artículos del mencionado decreto, así:

    El 7 de mayo de 1947, se publicó el Decreto Número 375 del Congreso de la República que contenía la Ley de Adopción. Dieciséis años después, el 14 de septiembre de 1963, se publica el nuevo Código Civil, el cual se encuentra contenido en el Decreto-Ley 106. En la parte conducente del Artículo 2179 en el Título Final de este cuerpo legal se estableció que, al entrar en vigor el nuevo código, quedaba derogado el Decreto 375 del Congreso, en cuanto a las disposiciones que estuvieren comprendidas o en oposición con lo establecido en el Código Civil; razón por la cual surge la duda sobre si aquellos artículos que no estén regulados o en oposición con el Código Civil son aplicables hoy en día.

    La aplicabilidad o no-aplicabilidad del Decreto 375, es un problema de "hermenéutica jurídica"() y son particularmente tres los artículos del decreto en mención que suscitan duda sobre su aplicabilidad: el Artículo 3, que establece quiénes pueden ser adoptados; el Artículo 4, que establece quiénes pueden adoptar; y el Artículo 12, que establece que el juez pondrá término a la adopción por la conducta antijurídica del adoptante. Para analizar las dos posturas sobre la aplicabilidad o no-aplicabilidad, podemos empezar con el fundamento para aseverar que los artículos de dicho Decreto no son aplicables. En ese sentido:

    La Constitución Política de la República de Guatemala, en su Artículo 4 en su parte conducente establece que: "En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades (...)"()

    La Ley del Organismo Judicial en su artículo 36 establece en su parte conducente: "Ámbito temporal de validez de la ley. Los conflictos que resultaren de la aplicación de las leyes dictadas en diferentes épocas se decidirán con arreglo a las disposiciones siguientes: (...) d) Si una ley amplía o restringe las condiciones necesarias para ejecutar ciertos actos o adquirir determinados derechos, dicha ley debe aplicarse inmediatamente a todas las personas que comprende (...)".

    El Artículo 21 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el cual fue ratificado por el Gobierno de Guatemala mediante el Decreto número 27-90 del Congreso de la República, establece en su parte conducente: "Los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán que el interés superior del niño sea la consideración primordial y (...)"

    En cuanto a la postura del análisis de los artículos mencionados puede argüirse que el decreto en mención no es aplicable por las siguientes razones:

    1. Dos de los artículos del decreto en mención, en cuanto a que es discutible su aplicación, establecen respectivamente quiénes pueden ser adoptados y quiénes pueden adoptar. De acuerdo con el principio constitucional que todos somos iguales ante la ley, estos artículos estarían violando el Artículo 4 de nuestra Carta Magna y con base en el Artículo 44 de la Constitución, son nulas ipso jure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza. Sobre la base del presente racionamiento, estos artículos no son aplicables.
    2. Basándose en el artículo anteriormente citado de la Ley del Organismo Judicial, si se tiene el criterio jurídico que el Código Civil amplió las condiciones necesarias para ejecutar ciertos actos o adquirir determinados derechos, dicha ley debe aplicarse inmediatamente ya que en el presente caso se refiere a quiénes pueden ser adoptados y quiénes pueden adoptar.
    3. Se puede argumentar que con base en el Artículo 21 de la Convención sobre los Derechos del Niño el decreto en cuestión no es aplicable, ya que si se tiene el criterio jurídico que en los artículos cuestionables sobre si son o no aplicables, el interés superior del niño no es la consideración primordial.

    Ahora bien a contrario sensu también puede argüirse que el decreto en mención sí es aplicable por las siguientes razones:

    1. El Código Civil claramente estableció en su Título Final, Artículo 2179, que al entrar en vigor el nuevo código, quedaba derogado el Decreto 375 del Congreso, que es la Ley de Adopción, en cuanto a las disposiciones que estuvieren comprendidas o en oposición con lo establecido en el Código Civil. Los 3 artículos del decreto que puede argüirse que sí son aplicables son los siguientes: el Artículo 3 del decreto, el cual establece los requisitos sobre quiénes pueden ser adoptados; el Artículo 4, el cual establece los requisitos sobre quiénes pueden adoptar; y el Artículo 12, el cual regula la conducta antijurídica del adoptante como sujeto pasivo y la facultad del juez de poner término a la adopción, requisitos y situación que no se encuentran en el Código Civil.
    2. La Ley del Organismo Judicial en su Artículo 8 literalmente establece: "Artículo 8. Derogatoria de las Leyes. Las leyes se derogan por leyes posteriores: a) Por declaración expresa de las nuevas leyes; b) Parcialmente, por incompatibilidad de disposiciones contenidas en las leyes nuevas con las precedentes; c) Totalmente, porque la nueva ley regule, por completo, la materia considerada en la ley anterior; d) Total o parcialmente por declaración de inconstitucionalidad, dictada en sentencia firme por la Corte de Constitucionalidad".

    Pero por la disposición establecida en el Artículo 2179 del Código Civil, el Decreto 375 no fue derogado expresamente, ni existe incompatibilidad entre éste y el Código, ya que aquél contiene y regula situaciones no previstas en el Código y podemos agregar que tampoco hay Declaratoria de Inconstitucionalidad por parte de la Corte de Constitucionalidad.

    De conformidad con el artículo que antecede de la Ley del Organismo Judicial, la derogatoria del decreto en mención no encuadra dentro de ninguno de los supuestos establecidos en la misma, razón por la cual puede argumentarse que el mismo es aplicable.

    Varios son los juristas guatemaltecos () que sustentan el criterio jurídico que ciertos artículos del Decreto 375 del Congreso de la República es derecho positivo y vigente, por lo que deberían ser aplicables hoy en día por las razones expuestas con anterioridad. Estos juristas se fundamentan en lo siguiente:

    El Artículo 2179 del Código Civil, el cual estableció claramente que únicamente se derogaba el Decreto 375 en todas aquellas disposiciones que estén comprendidas o en oposición con lo establecido en el mismo, y dado que en ninguno de los Artículos del 228 al 251 se establece quiénes pueden ser adoptados y quiénes pueden adoptar, puede argumentarse que los mismos son aplicables. Tampoco se encuentra regulada la conducta antijurídica del adoptante como causal para que el órgano jurisdiccional pueda poner término a la adopción a petición de cualquier persona. El Código Civil únicamente contempla la conducta antijurídica del adoptado, ya que permite al adoptante poder revocar la adopción por cualquiera de las causales establecidas en el artículo 247. Por lo tanto, no existe oposición entre el Decreto y el Código ya que la situación contemplada en el mismo es distinta a la contemplada en el decreto, y aplicando las normas de interpretación de leyes, contempladas en el Artículo 10 de la Ley del Organismo Judicial, en su parte conducente establece: "Las normas se interpretarán conforme a su texto según el sentido propio de sus palabras; a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales..."

    Para aclarar más la situación conviene establecer que de acuerdo con la doctrina predominante, Revocación es: "Acción y efecto de privar de eficacia a una relación jurídica, por voluntad unilateral de una de las partes..."() situación contemplada en el Artículo 247 del Código Civil. Mientras que la situación contemplada en el Artículo 12 del Decreto 375 se refiere a poner término a la adopción, y de acuerdo con la doctrina predominante se denomina Término: "a la determinación del momento en que el negocio jurídico debe comenzar a producir o dejar de producir sus efectos..."() Cuando el juez pone término a la adopción, la misma cesa y finaliza. En ese sentido, poner término a la adopción es una acepción más amplia, ya que cualquier persona puede promover que se ponga término a la adopción, mientras que la revocación únicamente puede promoverla el adoptante. Es por ello que por lo anteriormente expuesto consideramos que el artículo 12 del decreto en mención no se encuentra regulado por el Código Por consiguiente, no está en oposición con el mismo.

    A. DE LA APLICABILIDAD PARCIAL DEL DECRETO LEGISLATIVO 375 DEL CONGRESO DE LA REPÙBLICA

    No obstante ser tres los artículos del decreto en mención que según nuestro criterio jurídico son aplicables, creemos necesario analizar cada uno de los artículos del Decreto para orientar al lector de una mejor manera sobre la aplicabilidad o no-aplicabilidad de los mismos.

    Artículo 1: "La adopción es el acto jurídico de asistencia social por el que se toma como hijo propio a quien no lo es por naturaleza".

    Este artículo no se aplica, ya que el contenido de dicho artículo se encuentra regulado por el Código Civil Decreto-Ley 106, en el Artículo 228.

    Artículo 2: "La adopción no constituye estado civil ni parentesco entre adoptante y adoptado, pero produce entre ellos los mismos derechos y obligaciones que la ley establece entre padres e hijos. El adoptado tiene derecho a usar el apellido del adoptante".

    El artículo que antecede fue derogado por los Artículos 229 y 231 del Código Civil ya que se encuentran en oposición, en cuanto que el decreto en mención no establecía que existe parentesco civil entre adoptante y adoptado, como es actualmente.

    Artículo 3: "Pueden ser adoptados los menores de edad, siempre que concurran una de las circunstancias siguientes:

    1. Que sean huérfanos de padre y madre;
    2. Que sean hijos de padres pobres o incapaces;
    3. Que sean hijos fuera de matrimonio; y
    4. Que sean expósitos o que se encuentren asilados en establecimientos de beneficencia pública o de previsión social".

    Somos del criterio que el artículo que antecede se encuentra vigente y es aplicable por las razones expuestas en el artículo anterior, ya que nuestro Código Civil no amplió dichas circunstancias. Este artículo, que contiene limitaciones sobre quiénes pueden ser adoptados, es aplicable a excepción de la diferenciación contenida en el literal c). Este literal no es aplicable ya que nuestra Carta Magna no establece esta diferenciación.

     

    Artículo 4: "Pueden adoptar:

    1. Las personas solteras mayores de cuarenta años, que no tengan hijos bajo su patria potestad;
    2. Los cónyuges que no tengan hijos bajo su patria potestad; y
    3. El cónyuge, de cualquier edad, al hijo del otro cónyuge".

    Somos del criterio que el artículo que antecede, aunque contiene limitaciones sobre quiénes pueden adoptar, se encuentra vigente y es aplicable, toda vez que nuestro Código Civil no reguló en forma alguna dicho tema, ni tampoco amplió dichas circunstancias. Dado que no se encuentra en oposición con el Código Civil, dicho artículo es aplicable.

     

    Artículo 5: "Ninguno puede ser adoptado por más de una persona, salvo en el caso del inciso segundo del artículo anterior".

    Este artículo no es aplicable ya que esta disposición se encuentra regulada en el Artículo 234 del Código Civil.

    Artículo 6: "El tutor no puede adoptar a su pupilo, mientras no estén aprobadas judicialmente las cuentas de la tutela".

    Este artículo no es aplicable ya que esta disposición se encuentra regulada en el Artículo 235 del Código Civil, con la única diferencia que se incluyó que las cuentas debían estar definitivamente aprobadas y entregados los bienes al protutor.

    Artículo 7: "Si el adoptante llegase a tener hijos, los derechos de éstos no perjudican los del adoptado, en lo que se refiere a alimentos".

     

    Por la forma en que fue redactado este artículo puede deducirse que todos los demás derechos, sin incluir el derecho a ser alimentado, sí se veían y eran perjudicados. Este artículo no es aplicable ya que de acuerdo con nuestra Carta Magna en su Artículo 50 establece: "Todos los hijos son iguales ante la ley y tienen los mismos derechos. Toda discriminación es punible".()

    Artículo 8: "El adoptante no es heredero legal del adoptado, pero éste sí lo es de aquél, en defecto de descendientes, ascendientes o cónyuge. Si el adoptado no es heredero, tendrá derecho a ser alimentado hasta su mayoría de edad. En casos de herencia testada, los alimentos sólo se deben, en la parte en que los bienes y el trabajo del alimentista no alcancen a satisfacer sus necesidades".

    Este artículo no es aplicable por el Artículo 236 del Código, con el cual se encuentra en oposición, ya que en el Artículo 8 el adoptado sólo era heredero legal si el adoptante carecía de familia. Este artículo no es aplicable por el Artículo 1076 del Código Civil que establece que los hijos adoptivos heredan a su padre adoptivo en igual grado que los hijos que lo son por naturaleza.

    Artículo 9: "El adoptado y su familia natural conservan sus derechos de sucesión recíproca. Si el adoptado falleciere antes que el adoptante, los hijos de aquél no tienen derecho de representación en la herencia ni a ser alimentados por el adoptante".

    Este artículo no es aplicable por estar regulado en el Artículo 237 del Código, el cual amplió los casos en que los hijos del adoptado no tienen derecho de representación ni a ser alimentados por el adoptante. Estos nuevos casos son cuando el adoptado renunciare a la herencia o fuere excluido de ella.

    Artículo 10: "El adoptado que sea menor al morir el adoptante, vuelve al poder de sus padres naturales o tutores, o a la institución de beneficencia pública o de previsión social que procediere".

    Este Artículo no es aplicable porque se encuentra contenido en el Artículo 238 del Código Civil.

    Artículo 11: "La adopción no termina por la mayoría de edad, salvo que éste lo solicite al Juez de Primera Instancia del domicilio del adoptante, quien resolverá la cuestión en forma de incidente".

    Este artículo no es aplicable por estar en contravención con el Artículo 233 que establece que la mayoría de edad del adoptado no termina la adopción, pero pone fin a la patria potestad que sobre él ejerce el adoptante; y el Artículo 246 dice que la adopción termina por mutuo consentimiento de adoptante y adoptado, por lo que no puede solicitarlo únicamente el adoptado.

    Artículo 12: "Si el adoptante es de costumbres depravadas o da mal trato al adoptado, previa denuncia de cualquier persona al Juez de Primera Instancia de su domicilio o a instancia del Ministerio Público aquél instruirá la averiguación correspondiente, y si hubiere mérito, a pedimento de parte pondrá término a la adopción y dispondrá se aseguren los alimentos del adoptado".

    Consideramos que este artículo sí es aplicable por las razones expuestas en el capítulo anterior, ya que no se encuentra en oposición o regulado en el Código. En este artículo que antecede no se estableció claramente si en dicha situación la adopción era revocada, ya que únicamente se limitó a establecer que se le pondría término. Somos de la opinión que en este caso en particular, no se revoca la adopción ya que la revocación es un acto unilateral y en el caso que antecede será el Juez de Primera Instancia de Familia el que declare judicialmente resuelta la adopción. La acción a la cual estamos haciendo referencia es pública, lo que significa que puede promoverla cualquier persona.

    Artículo 13: "La adopción puede revocarse:

    1. Por atentar el adoptado contra la vida o el honor del adoptante, de su cónyuge, ascendiente o descendiente;
    2. Por acusar o denunciar al adoptante imputándole algún delito, excepto en causa propia, de sus ascendientes, descendientes o de su cónyuge; y
    3. Por abandonar al adoptante que se halle física o mentalmente enfermo o cumpliendo sentencia firme en causa criminal".

    Este artículo fue derogado por el Artículo 247 del Código Civil, Decreto Ley 106, el cual incluyó las mismas causales que las enumeradas anteriormente pero incluyó una nueva: "Por causar maliciosamente al adoptante una pérdida estimable de sus bienes".()

    Artículo 14: "La solicitud de adopción se presentará por escrito al Juez de Primera Instancia del domicilio del que gestione, indicando los motivos que tiene para hacer su solicitud, y en ella expresará, además de los requisitos que requiere el Artículo 81 del Decreto Legislativo Número 2009, los siguientes:

    1. El nombre de la persona que se quiere adoptar, el de sus padres o tutores o de la institución en que éste se encuentre asilado;
    2. El caudal que posee la persona a quien se quiere adoptar;
    3. Que concurra el consentimiento de los padres, tutores o en su caso, del representante legal de la institución de asistencia social donde estuviere el menor; y
    4. Se propondrá el testimonio de dos personas honorables para acreditar su buena conducta, que dispone de recursos suficientes para el cumplimiento de las obligaciones que impone la adopción y que no tiene hijos bajo su patria potestad.

    Con la solicitud se acompañarán:

    1. Partidas de nacimiento del solicitante, si es soltero y de la persona que se pretende adoptar;
    2. Partida de matrimonio, si la adopción es solicitada por los cónyuges; y
    3. Documentos en que conste, si hubiere sido tutor del menor, que fueron aprobadas sus cuentas y entregados los bienes".

    Este artículo no es aplicable ya que el trámite de la adopción se encuentra regulado en los Artículos 239, 240, 241, 242, 243 y 244.

    Artículo 15: "Presentada la solicitud, previa ratificación, se dará audiencia por seis días al Ministerio Público, el que será parte en las diligencias, así como los padres o representantes legales del menor. Si éste no tuviere padres ni tutor ni estuviera en alguna institución de asistencia social, se le nombrará un tutor específico para el efecto".

    Este artículo no es aplicable ya que se refiere al trámite de la adopción, y en el Código Civil y en la Ley Reguladora de Jurisdicción Voluntaria se encuentra regulado un trámite diferente, razón por la cual se encuentra en oposición con dicho Código.

    Artículo 16: "Rendida la prueba a que se refiere el Artículo 14 de esta ley y si no se hubiese presentado oposición, el juez declarará haber lugar a la adopción y pondrá término a la patria potestad o a la tutela, en su caso. Si se presentare oposición, el juez atendiendo a la conveniencia y seguridad del menor, declarará haber lugar o no a la adopción. Su resolución es apelable".

    Somos de la opinión que este artículo, que no es aplicable, se refiere al trámite de la adopción, y en el Código Civil sí se encuentra regulado un trámite diferente, razón por la cual se encuentra en oposición con dicho Código.

    Artículo 17: "Si el menor tiene bienes, el Tribunal en el mismo auto mandará otorgar la escritura de adopción".

    Somos de la opinión que este artículo, que no es aplicable, se refiere al trámite de la adopción, y en el Código Civil sí se encuentra regulado un trámite diferente, razón por la cual se encuentra en oposición con dicho Código.

    Artículo 18: "Si el menor tiene bienes, el Tribunal ordenará que se haga inventario y tasación de ellos, que se otorgue hipoteca legal por el valor de los mismos o que se afiance suficientemente el valor de los bienes del adoptado, garantía que calificará el juez".

    Este artículo no es aplicable por el Artículo 241 del Código, ya que éste estableció que no es necesario que los bienes del menor sean tasados, y amplió la forma de prestar la garantía.

    Artículo 19: "Firme la resolución que declara la adopción e inscrita u otorgadas las garantías en su caso, el juez suscribirá la escritura de adopción con el adoptante y con los padres o tutores del adoptado, o en su caso, con el director del establecimiento de asistencia social que corresponda".

    Este artículo no es aplicable por el Artículo 244, que suprimió el requisito que el juez debía suscribir la escritura de adopción. La escritura de adopción se puede hacer en el protocolo de cualquier notario, previo al cumplimiento de todos los requisitos que establece el Código.

    Artículo 20: "Firmada la escritura a que se refiere el artículo anterior, el menor pasa a poder del adoptante, lo mismo que los bienes si los hubiere, los cuales serán administrados de conformidad con lo prescrito en el Código Civil con respecto a la administración de bienes de menores".

    El breve análisis que antecede es un breve esbozo del presente punto en discusión, que consideramos importante mencionar para ilustrar al lector las contradicciones que existen en nuestro ordenamiento jurídico; el cual puede ser analizado en forma amplia y detallada en otro trabajo de tesis. Por esta razón, continuaremos con la forma en que la adopción ha sido regulada en Guatemala.

     

     

     

     

    B. ¿ES INCONSTITUCIONAL EL DECRETO 375 DEL CONGRESO DE LA REPÙBLICA?

    La Constitucionalidad o Inconstitucionalidad del Decreto 375 no es objeto de estudio en la presente tesis; pero somos de la opinión que debería ser objeto de un análisis más profundo en otro trabajo de tesis para determinar si viola o si está conforme a las normas constitucionales, garantías individuales y derechos adquiridos, contemplados en nuestra Carta Magna. Después de un análisis superficial consideramos que sería interesante que se promoviera una acción de inconstitucionalidad en su contra, pues este Decreto establece limitaciones acerca de las personas que pueden adoptar y las personas que pueden ser adoptadas, limitaciones que no están contempladas en nuestra Constitución.

    La razón por la cual consideramos que este decreto puede ser objeto de una acción de inconstitucionalidad, es por contener limitaciones sobre quiénes pueden adoptar y sobre quiénes pueden ser adoptados; por lo que podría argumentarse que viola el principio constitucional contenido en el Artículo 4 de nuestra Carta Magna, el cual establece: "En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí".()

     

    CAPÌTULO V

    INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO

    247 DEL CÓDIGO CIVIL

    Durante el desarrollo de esta investigación pudimos establecer que la forma en que se encuentra regulada la adopción, y el Artículo 247 del Código Civil, Decreto-Ley 106 tema principal del presente trabajo de investigación, están en oposición a lo establecido en la Constitución Política de la República por las siguientes razones:

    El Artículo 44 de la Constitución Política de la República en su parte conducente establece: "Serán nulas ipso jure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza." Dado que el Artículo 54 del mismo cuerpo legal en su parte conducente establece: "El adoptado adquiere la condición de hijo del adoptante."; y el Artículo 50 de nuestra Carta Magna estipula que "Todos los hijos son iguales ante la ley y tiene los mismos derechos. Toda discriminación es punible"; esto ocasiona la Inconstitucionalidad del artículo 247 del Código Civil y de todos aquellos artículos que regulan la adopción que estén en contravención con nuestra Carta Magna, por consiguiente adolecen de nulidad. El artículo 247 está en abierta oposición con la igualdad de los hijos ante la ley, ya que establece un tratamiento diferente entre los hijos naturales y los adoptivos.

    De conformidad con el Artículo 175 de nuestra Carta Magna, ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución, y las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales, son nulas ipso jure: por lo que de conformidad con las normas constitucionales que establecen la igualdad ante la ley y la norma que le da el título de hijo al que es adoptado, el Artículo 247 adolece de inconstitucionalidad, ya que viola flagrantemente el principio de igualdad ante la ley, consagrado en el Artículo 4 de nuestra Constitución. Es inconcebible que este artículo y todos aquellos que estén en contravención con los artículos constitucionales anteriormente mencionados subsistan simultáneamente y no podemos permitir que en nuestro ordenamiento exista esta diferenciación bajo ninguna circunstancia.

    Si nosotros los juristas no hacemos un esfuerzo porque las leyes se ajusten a la Constitución Política de la República, jamás lograremos vivir en un verdadero Estado de Derecho en donde la Constitución sea el marco jurídico al cual deben acoplarse todas las leyes.

     

    CAPÍTULO VI

    CONCLUSIONES:

    1. La revocación de adopción tuvo su razón de ser en los orígenes de ésta, ya que dicha institución surgió en beneficio del Adoptante ya que en sus origines, su principal interés era la continuación de la estirpe para lograr la supervivencia del culto de los antepasados. Hoy en día tiene fines totalmente diferentes y las razones para adoptar son más de índole personal dentro de los cuales podemos mencionar: el ser una institución de asistencia social que busca la forma de resolver el problema de la niñez abandonada y conceder, a la vez, los beneficios de la paternidad a aquellas personas que por distintas razones carecen de ellos.
    2. La forma en que se encuentra regulada la adopción en Guatemala, impide hallar una solución definitiva para aquellos niños a quienes se busca proporcionar una familia de la cual carecen. Esto quizás se debe a la ausencia de una relación más extensa, entre la familia del adoptante y el adoptado. Por la naturaleza jurídica de la adopción hoy en día, y de acuerdo con la doctrina predominante, se establece que con la adopción se crean vínculos legales entre el adoptante y el adoptado similares a los que crea la filiación, y en Guatemala se le da el nombre de parentesco civil. Cree necesario que para no desvirtuar esta institución, la adopción debe ser reformada de tal forma que la misma tenga caracteres de permanencia, perpetuidad e inmutabilidad. Es decir, debe mantenerse el principio romano adoptio imitat naturam.
    3. Es necesario que se suprima de la legislación guatemalteca la revocación de la adopción por la conducta antijurídica del adoptado.
    4. La revocación de la adopción produce la cesación de todos los efectos de la misma relativos al nombre, la patria potestad, los derechos sucesorios, la obligación alimentaria, los impedimentos matrimoniales y la administración de los bienes del adoptado por el adoptante.
    5.  

    6. Para poder cumplir con los fines que persigue actualmente la institución de la adopción, consideramos de suma importancia que la misma sea plena e irrevocable, ya que la adopción plena es la que concede al hijo adoptivo los mismos derechos y las mismas obligaciones que se derivan de la filiación, ya que adquiere la condición de hijo biológico de los adoptantes. Entre el hijo adoptivo y los parientes legales del adoptante surge el mismo vínculo de parentesco que habría surgido si fuera hijo biológico de éstos, con todos sus efectos. La adopción plena conlleva la ruptura de los vínculos de parentesco con la familia de origen, de manera que el hijo adoptivo tiene como familia, únicamente a la familia adoptiva; además la adopción plena es irrevocable.
    7.  

    8. La adopción es una institución que utilizan todas las sociedades para proveer de una familia a un niño o una niña cuando no la tienen o si sus padres biológicos carecen de medios económicos o de voluntad para brindarle lo mínimo indispensable para su supervivencia. Si se quiere dar seguridad a la institución de la adopción debe dársele carácter de irrevocabilidad, ya que el hecho de permitir que una adopción pueda ser revocada es incompatible con la condición de permanencia del estado civil que se crea por ficción legal a través de la adopción, ya que el adoptado adquiere lo condición de hijo del adoptante y debemos recordar que todo estado civil es intransmisible, irrenunciable, insuceptible de transacción e imprescriptible. De la misma forma que la ley prohibe a un padre natural revocar el reconocimiento sobre la paternidad de un hijo natural una vez hecha no puede arbitrariamente revocarse, esta misma prohibición debería ser incorporada a la adopción, en razón de que esta otorga por ficción legal, la filiación, que produce como consecuencia derechos y obligaciones que deben ser definitivos e irrevocables.
    9. La revocación de la adopción esta en contra el principio constitucional que establece la igualdad ante la ley de todos los hijos, contemplado en el Artículo 50 de la Constitución Política de la República. Al permitir que el adoptante pueda revocar la adopción, estamos afirmando que el factor consanguíneo de carácter paterno-filial que une a un padre con su hijo es de tal relevancia que amerita hacer una distinción entre padres e hijos naturales y entre padres e hijos adoptivos; y estamos aceptando que el factor consanguíneo es de mayor relevancia que el lazo afectivo. No estamos de acuerdo con esta disposición ya que ser padre conlleva no solamente un factor natural, sino un sinnúmero de responsabilidades tales como lo son el procrear, educar, alimentar, y proveer al sustento de los hijos.

    CAPÍTULO VII

    RECOMENDACION:

    LA NECESIDAD DE SUPRIMIR LA REVOCACIÓN DE LA ADOPCIÓN:

    Nuestra Carta Magna establece que "El Estado garantiza la protección social, económica y jurídica de la familia. (...)"() y dado que la familia es la base para la vida y el desarrollo del ser humano, la adopción no debe contener una normativa como la revocatoria que desnaturaliza la incorporación del hijo dentro de la familia.

    La adopción que rige actualmente en Guatemala es insuficiente para cumplir con los fines actualmente persigue. Dentro de estos fines puedo mencionar los siguientes: que los niños desamparados encuentren y pasen a formar parte de un verdadero hogar, padres que desean agregar un nuevo miembro familiar, también que a aquellas personas que por diferentes motivos no pueden tener hijos, se les permita la paternidad y considerar al hijo adoptivo como hijo biológico.

    Con base en estos criterios, la filiación adoptiva debe imitar a la naturaleza, permitiendo y enlazando al hijo adoptivo de la manera más amplia con el padre adoptivo y con carácter irrevocable: es decir, de la misma forma que la que existe entre padre e hijos biológicos, ya que con la institución legal de la adopción, por ficción legal, produce derechos y obligaciones que deben ser definitivos e irrevocables.

     

    BIBLIOGRÀFIA:

    DICCIONARIOS:

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    JIMÉNEZ-ALFARO. Diccionario de Derecho Privado. España, Editorial

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    EDITORIAL DRISKILL, S.A. Enciclopedia Jurídica Omeba. Argentina,

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    EDITORIAL ESPASA CALPE, S.A. Diccionario Jurídico Espasa. España,

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    EDITORIAL HELIASTA. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y

    Sociales. Argentina, 1992.

    EDITORIAL LABOR, S.A. Diccionario de Derecho Privado. España, 1950.

    Tomos I y II.

    OSSORIO, MANUEL. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y

    Sociales. Argentina, Editorial Heliasta, S.R.L., 1981.

     

     

    LIBROS

    A. BORDA, GUILLERMO. Manual de Derecho de Familia. Argentina,

    Editorial Perrot, 1988.

    A. BOSSERT, GUSTAVO y EDUARDO A. ZANNONI. Manual de Derecho

    de Familia. Argentina, Editorial Astrea, 1993.

    A. ZANNONI, EDUARDO. Derecho de Familia. Argentina, Editorial

    Astrea, 1989. Tomo I.

    AGUIRRE GODOY, MARIO. Derecho Procesal Civil Guatemalteco.

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    CASTAN TOBEÑAS, JOSE. Derecho Civil Español Común y Foral.

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    COUTURE, EDUARDO J. Fundamentos del Derecho Procesal Civil".

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    CRUZ, FERNANDO. Instituciones del Derecho Civil Patrio. Guatemala,

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    DE IBARROLA, ANTONIO. Derecho de Familia. México, Editorial

    Porrúa, S.A., 1993.

    DE PINA, RAFAEL. Elementos de Derecho Civil Mexicano. Tercera

    Edición. México, Editorial Porrúa, S.A., 1963.

    KIPP, THEODORE y MARTÍN WOLF. Derecho de Familia. Traducción de

    la Vigésima Edición. España, Editorial Bosch, 1952. Volumen II.

     

    MAZEAUD, HENRI, LEON y JEAN. Lecciones de Derecho Civil.

    Argentina, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1954. Parte Primera.

    MESSINEO, FRANCESCO. Manual de Derecho Civil y Comercial.

    Argentina, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1954. Tomos I y III.

    PUIG PEÑA, FEDERICO. Compendio de Derecho Civil Español. Tercera

    Edición. España, Editorial Pirámide, 1976. Tomo V.

    RECASES SICHES, LUIS. Introducción al Estudio del Derecho. Cuarta

    Edición. México, Editorial Porrúa, 1977.

    RIPERT, GEORGES y JEAN BOULANGER. Tratado de Derecho Civil

    según el Tratado de Planiol. Argentina, Ediciones de Ley, Año, Tomo

    III, Volumen II.

    ROJINA VILLEGAS, RAFAEL. Compendio de Derecho Civil. México,

    Editorial Porrúa, S.A., 1978.

     

    TESIS

    QUIÑONES FLORES, MARCO ANTONIO. Análisis Exegético de la

    Regulación Legal en Guatemala de los Deberes y Derechos que nacen de

    la Adopción entre las Partes y Presentación de un Proyecto de Ley para la

    Regulación de la Institución de la Adopción. Guatemala, 1992.

    Universidad San Carlos de Guatemala, Facultad de Derecho.

    VIDAL GARCIA, MYNOR VINICIO. Circunstancias Socioeconómicas

    Base de la Reforma Legal en Materia de Adopción. Guatemala, 1993.

    Universidad San Carlos de Guatemala. Facultad de Derecho.

     

     

    LEYES

    CODIGO CIVIL, contenido en el Decreto Ley 106, de fecha 14 de septiembre de 1963.

    CODIGO DE MENORES, contenido en el Decreto número 78-79.

    CODIGO PROCESAL CIVIL Y MERCANTIL, contenido en el Decreto Ley número 107, de fecha 14 de septiembre de 1963.

    CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, Decretada por la Asamblea Nacional Constituyente el 31 de mayo de 1985.

    DECRETO 1932 DE LA ASAMBLEA NACIONAL LEGISLATIVA del 13 de mayo de 1933.

    LEY DEL ORGANISMO JUDICIAL, contenida en el Decreto 2-89 del Congreso de la República de fecha 10 de enero de 1989 y sus reformas contenidas en los Decretos 64-90, 75-90 y 11-92.

    LEY DE TRIBUNALES DE FAMILIA, Decreto-Ley 206

    LEY REGULADORA DE LA TRAMITACION NOTARIAL EN ASUNTOS DE JURISDICCION VOLUNTARIA, contenido en el Decreto número 54-77 de fecha 3 de noviembre de 1977.

    PROYECTO DE LA LEY DE ADOPCIÓN de la representante Nineth Montenegro Cottón, Conocida por el Pleno del Congreso de la República el 21 de noviembre de 2000.

     

    TRABAJO DE CAMPO:

    Entrevistas con varios Abogados y Notarios Guatemaltecos, Ver Anexo A.

    ANEXO A

    ENTREVISTAS SOBRE EL DECRETO LEGISLATIVO 375

    DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

    FORMULARIO DE PREGUNTAS QUE REALIZAMOS AL LICENCIADO IGNACIO ANDRADE AYCINENA, CON FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 2000:

    1. ¿Dónde se encuentra regulada la institución de la adopción?
    2. La adopción se encuentra regulada en el Código Civil Decreto-Ley 106 en los Artículos 228 al 251 y en el Decreto Legislativo 375 del Congreso de la República, en cuanto no fue derogado por el Código Civil.

    3. ¿Considera que el Decreto Legislativo 375 del Congreso de la República (Ley de Adopción) es aplicable en la actualidad en cuanto a las normas que no se encuentren reguladas o en oposición con el Código Civil , Decreto-Ley 106, ya que en el artículo 2179 de dicho cuerpo legal se derogó únicamente en cuanto a las disposiciones que fueran comprendidas o que estén en oposición con lo establecido en dicho Código?
    4. Sí, considero que el Decreto 375 es aplicable en la actualidad en todas aquellas cuestiones que no estén comprendidas o que estén en oposición con lo establecido en el Código Civil, ya que eso establece claramente el artículo 2179 del Código.

      Considero que para poder determinar si son aplicables o no estos artículos, no es cuestión de criterio, ya que el Código en una forma bastante clara los dejó vigentes.

    5. ¿Considera que es aplicable en la actualidad el Artículo 3 del Decreto 375:

    "Pueden ser adoptados los menores de edad, siempre que concurran una de las circunstancias siguientes:

    1. Que sean huérfanos de padre y madre;
    2. Que sean hijos de padres pobres o incapaces;
    3. Que sean hijos fuera de matrimonio; y
    4. Que sean expósitos o que se encuentren asilados en establecimientos de beneficencia pública o de previsión social"?

    ¿ Se encuentra vigente?

    Sí es aplicable porque en el Artículo 3, se establece quiénes pueden ser adoptados, y en el Código Civil en ninguna de las normas que regulan la adopción, se establece quiénes pueden ser adoptados, por lo que dicho artículo no se encuentra ni en oposición, ni se encuentra regulado en dicho cuerpo legal. Quiero hacer la salvedad que el Decreto 375 debería ser declarado inconstitucional y derogado en su totalidad.

    1. ¿Considera que es aplicable el Artículo 4 del mismo Decreto Legislativo:

    "Pueden adoptar:

    1. Las personas solteras mayores de cuarenta años, que no tengan hijos bajo su patria potestad;
    2. Los cónyuges que no tengan hijos bajo su patria potestad; y
    3. El cónyuge, de cualquier edad, al hijo del otro cónyuge"?

    Misma Respuesta que la pregunta anterior.

    5. ¿Considera que es aplicable el Artículo 12 del mismo Decreto legislativo:

    "Si el adoptante es de costumbres depravadas o da mal trato al adoptado, previa denuncia de cualquier persona al juez de Primera Instancia de su domicilio o a instancia del Ministerio Público aquél instruirá la averiguación correspondiente, y si hubiere mérito, a pedimento de parte pondrá término a la adopción y dispondrá se aseguren los alimentos del adoptado"?

    Misma respuesta que la pregunta anterior. Esta situación es producto de la inconsistencia de nuestro ordenamiento para reglamentar la mayoría de las instituciones de derecho. Tenemos que tratar de poner fin a este tipo de lagunas legales, analizando y estudiando detenidamente cada ley y derogar la ley anterior que regule la misma materia, para evitar esta clase de situaciones. Este artículo está vigente porque en dicho artículo dice que el juez pondrá término a la adopción. Si se hubiera establecido que el juez podrá revocar la adopción, entonces no estaría vigente, ya que el Código Civil claramente establece que únicamente puede revocar la adopción el adoptante; pero como revocar y poner a término son dos cuestiones distintas. La revocación siempre es un acto unilateral y voluntario de una de las partes y poner a término, puede ser por cualquier razón, incluso por Orden Judicial.

     

    FORMULARIO DE PREGUNTAS QUE REALIZAMOS A LA LCDA. ROSA EUGENIA FUENTES DE SEMRAU, CON FECHA 5 DE DICIEMBRE

    DE 2000:

    1.¿Dónde se encuentra regulada la institución de la adopción?

    En el Código Civil y en un Decreto que contenía la Ley de la Adopción, el cual ha suscitado duda, si el mismo se encuentra parcialmente vigente. Esta duda surge por la forma en cómo se redacto la derogatoria del Código Civil.

    2.¿Considera que el Decreto Legislativo 375 del Congreso de la República (Ley de Adopción) es aplicable en la actualidad en cuanto a las normas que no se encuentren reguladas o en oposición con el Código Civil , Decreto-Ley 106, ya que en el artículo 2179 de dicho cuerpo legal se derogó únicamente en cuanto a las disposiciones que fueran comprendidas o que estén en oposición con lo establecido en dicho Código?

    Antes de empezar la presente entrevista, quisiera expresarle mi opinión sobre la necesidad que existe de que en la nueva Ley de Adopciones, que se está discutiendo en el Congreso actualmente, se derogue completamente el decreto que contenía la ley de adopción y la sección del Código Civil que regula la adopción, para evitar este tipo de problemas.

    3.¿Considera que es aplicable en la actualidad el artículo 3 del Decreto 375:

    "Pueden ser adoptados los menores de edad, siempre que concurran una de las circunstancias siguientes:

    1. Que sean huérfanos de padre y madre;
    2. Que sean hijos de padres pobres o incapaces;
    3. Que sean hijos fuera de matrimonio; y
    4. Que sean expósitos o que se encuentren asilados en establecimientos de beneficencia pública o de previsión social"?

    ¿Se encuentra vigente?

    Considero que el Artículo 3 de dicho decreto, en el cual se establecen limitaciones sobre quiénes pueden ser adoptados, no es aplicable por el Artículo 228 del código Civil, en el cual se estipula que se puede adoptar al hijo menor de otra persona y al mayor con su consentimiento, es decir, que la única limitación que ha establecido nuestro Código Civil fue la anterior.

    4. ¿Considera que es aplicable el Artículo 4 del mismo Decreto Legislativo:

    "Pueden adoptar:

    1. Las personas solteras mayores de cuarenta años, que no tengan hijos bajo su patria potestad;
    2. Los cónyuges que no tengan hijos bajo su patria potestad; y
    3. El cónyuge, de cualquier edad, al hijo del otro cónyuge"?

    Considero que el Artículo 3 de dicho decreto, en el cual se establecen limitaciones sobre quiénes pueden adoptar, no es aplicable por el artículo 234 y 235 del Código Civil, ya que en el primero de dichos artículos se establece que no pueden adoptar más de dos personas, salvo el caso de un matrimonio, y en el 235 se establece que no puede adoptar el tutor al pupilo, mientras no se hayan aprobado definitivamente las cuentas de la tutela. Considero que éstas son las únicas limitaciones para determinar quiénes pueden adoptar.

    5.¿Considera que es aplicable el artículo 12 del mismo Decreto legislativo:

    "Si el adoptante es de costumbres depravadas o da mal trato al adoptado, previa denuncia de cualquier persona al juez de Primera Instancia de su domicilio o a instancia del Ministerio Público aquél instruirá la averiguación correspondiente, y si hubiere mérito, a pedimento de parte pondrá término a la adopción y dispondrá se aseguren los alimentos del adoptado"?

    Considero que el Artículo 12 del decreto, no es aplicable por el artículo 247 del Código en el cual se establecen las causales para revocar el adoptante la adopción, ya que el artículo 12 esta en oposición con dicho artículo, ya que dicho artículo se refiere a revocatoria judicial de la adopción. Quisiera agregar que el fin que persigue el artículo 12, debería incluirse en la nueva Ley de Adopciones, ya que este artículo se refiere a la conducta antijurídica del adoptante, como sujeto pasivo y al adoptado o a cualquier persona como el sujeto activo, para poder proteger al menor de posibles abusos, maltratos o que se puedan favorecer de su patrimonio en caso lo tenga.

     

     

     

    FORMULARIO DE PREGUNTAS QUE REALIZAMOS AL LIC. JORGE ASENSIO AGUIRRE , CON FECHA 7 DE DICIEMBRE

    DE 2000:

    1. ¿Dónde se encuentra regulada la institución de la adopción?

    La Institución de la Adopción se encuentra regulada en el Código Civil, también en la Ley de Adopciones, Decreto 375 del Congreso de la República, en todo aquello que no se encuentre regulado o en oposición con el Código Civil.

    2. ¿Considera que el Decreto Legislativo 375 del Congreso de la República (Ley de Adopción) es aplicable en la actualidad en cuanto a las normas que no se encuentren reguladas o en oposición con el Código Civil , Decreto-Ley 106, ya que el Artículo 2179 de este cuerpo legal derogó la Ley de Adopciones únicamente en cuanto a las disposiciones que estén comprendidas o se encuentren en oposición con lo establecido en dicho Código Civil?

    Considero que la Ley de Adopciones, Decreto 375 del Congreso de la República, publicado el 7 de mayo de 1947 durante la época del Presidente Juan José Arévalo, sí es aplicable hoy en día en todas aquellas situaciones que no se encuentren en oposición o reguladas en el Código Civil, Decreto Ley 106. Por ejemplo, el trámite de la adopción contenido en el Decreto 375 no es aplicable hoy en día porque en el Código Civil se establece un nuevo trámite para la adopción y en el Decreto 54-77 del Congreso de la República, que contiene la Ley Reguladora de Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria.

     

     

     

    3.¿Considera que es aplicable en la actualidad el Artículo 3 del Decreto 375:

    "Pueden ser adoptados los menores de edad, siempre que concurran una de las circunstancias siguientes:

    1. Que sean huérfanos de padre y madre;
    2. Que sean hijos de padres pobres o incapaces;
    3. Que sean hijos fuera de matrimonio; y
    4. Que sean expósitos o que se encuentren asilados en establecimientos de beneficencia pública o de previsión social"?

    ¿Se encuentra vigente?

    Este Artículo es aplicable hoy en día, porque se establecen las condiciones de quiénes pueden ser adoptados, aunque a mi criterio esta enumeración no es limitativa, y la del literal "c" ya no es aplicable en nuestro ordenamiento civil. Incluso nuestra legislación permite la adopción de un mayor, con su consentimiento y siempre que hubiere existido la adopción de hecho durante su minoría de edad.

    4. ¿Considera que es aplicable el Artículo 4 del mismo Decreto Legislativo:

    "Pueden adoptar:

    1. Las personas solteras mayores de cuarenta años, que no tengan hijos bajo su patria potestad;
    2. Los cónyuges que no tengan hijos bajo su patria potestad; y
    3. El cónyuge, de cualquier edad, al hijo del otro cónyuge"?

    Considero que este artículo no es aplicable en virtud del Artículo 36 inciso d) de la Ley del Organismo Judicial, Decreto Legislativo 2-89 del Congreso de la República, ya que en la Ley del Organismo Judicial se establece que si una ley amplía o restringe las condiciones para ejecutar ciertos actos o adquirir determinados derechos, dicha ley debe aplicarse inmediatamente a todas las personas que comprende.

    5.¿Considera que es aplicable el Artículo 12 del mismo Decreto Legislativo:

    "Si el adoptante es de costumbres depravadas o da mal trato al adoptado, previa denuncia de cualquier persona al juez de Primera Instancia de su domicilio o a instancia del Ministerio Público aquél instruirá la averiguación correspondiente, y si hubiere mérito, a pedimento de parte pondrá término a la adopción y dispondrá se aseguren los alimentos del adoptado"?

    Sí es aplicable porque este artículo se refiere a la conducta antijurídica del adoptante, situación que no se encuentra regulada en el Código Civil. Quiero hacer la salvedad que en este artículo no se trata de revocación judicial, si no que se refiere a poner a término. Lo cual es totalmente distinto de revocar.

    Poner término es un vocablo más amplio que el término revocar. La revocación es un derecho unilateral y voluntario de una de las partes y poner término puede ser por distintos motivos, incluyendo por orden judicial.

     

    FORMULARIO DE PREGUNTAS QUE REALIZAMOS A LA LICDA. ESTELA BAILEY BELTETÒN Y LA LCDA. MIRNA ESTELA MEJÌA ORDÒÑEZ DE ESCOBAR, CON FECHA 11 DE DICIEMBRE

    DE 2000:

     

    1.¿Dónde se encuentra regulada la institución de la adopción?

    La adopción se encuentra regulada en la Constitución Política de la República de Guatemala, en el Código Civil, en la Ley Reguladora de la Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria, en el Código Procesal Civil y Mercantil y en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños.

    2.¿Considera que el Decreto Legislativo 375 del Congreso de la República (Ley de Adopción) es aplicable en la actualidad en cuanto a las normas que no se encuentren reguladas o en oposición con el Código Civil , Decreto-Ley 106, ya que el Artículo 2179 de este cuerpo legal derogo la Ley de Adopciones únicamente en cuanto a las disposiciones que estén comprendidas o se encuentren en oposición con lo establecido en dicho Código Civil?

    No es vigente porque ley posterior regula lo mismo en forma diferente, de acuerdo con el Artículo 36 de la Ley del Organismo Judicial, Artículo 8 Literal c) el cual establece que las leyes se derogan, totalmente porque la nueva ley regule, por completo, la materia considerada por la ley anterior.

    3.¿Considera que es aplicable en la actualidad el Artículo 3 del Decreto 375:

    "Pueden ser adoptados los menores de edad, siempre que concurran una de las circunstancias siguientes:

    1. Que sean huérfanos de padre y madre;
    2. Que sean hijos de padres pobres o incapaces;
    3. Que sean hijos fuera de matrimonio; y
    4. Que sean expósitos o que se encuentren asilados en establecimientos de beneficencia pública o de previsión social"?

    ¿Se encuentra vigente?

    No es aplicable por el Principio de No Discriminación, contenido en la Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 4, el cual establece que en Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos.

     

     

     

    1. ¿Considera que es aplicable el Artículo 4 del mismo Decreto Legislativo:

    "Pueden adoptar:

    1. Las personas solteras mayores de cuarenta años, que no tengan hijos bajo su patria potestad;
    2. Los cónyuges que no tengan hijos bajo su patria potestad; y
    3. El cónyuge, de cualquier edad, al hijo del otro cónyuge"?

    Consideramos que este artículo no es aplicable por el Artículo 228 del Código Civil, ya que recordemos el principio jurídico que establece que donde la ley no distingue no es dable distinguir.

    5.¿Considera que es aplicable el artículo 12 del mismo Decreto Legislativo:

    "Si el adoptante es de costumbres depravadas o da mal trato al adoptado, previa denuncia de cualquier persona al juez de Primera Instancia de su domicilio o a instancia del Ministerio Público aquél instruirá la averiguación correspondiente, y si hubiere mérito, a pedimento de parte pondrá término a la adopción y dispondrá se aseguren los alimentos del adoptado"?

    Este artículo consideramos que no es aplicable por el Artículo 247 del Código Civil, en el cual se establecen las causales para revocar la adopción y el Artículo 12, de este Decreto se refiere a un caso de Revocación Judicial, por lo cual esta en oposición con dicho Código.

     

     

     

     

     

     

     

    FORMULARIO DE PREGUNTAS QUE REALIZAMOS AL LIC. CARLOS DÌAZ-DURÀN, CON FECHA

    18 DE DICIEMBRE

    DE 2000:

    1. ¿Dónde se encuentra regulada la institución de la adopción?

    La adopción se encuentra regulada en la Constitución Política de la República de Guatemala, en el Código Civil Decreto Ley 106, y en el Decreto 54-77 del Congreso de la República, que contiene la Ley Reguladora de la Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria.

    2. ¿Considera que el Decreto Legislativo 375 del Congreso de la República (Ley de Adopción) es aplicable en la actualidad en cuanto a las normas que no se encuentren reguladas o en oposición con el Código Civil , Decreto-Ley 106, ya que el artículo 2179 de este cuerpo legal derogó la Ley de Adopciones únicamente en cuanto a las disposiciones que estén comprendidas o se encuentren en oposición con lo establecido en dicho Código Civil?

    El Decreto Legislativo 375, considero que se encuentra parcialmente vigente, pero específicamente, el artículo 12 del mismo.

    3.¿Considera que es aplicable en la actualidad el Artículo 3 del Decreto 375:

    "Pueden ser adoptados los menores de edad, siempre que concurran una de las circunstancias siguientes:

    1. Que sean huérfanos de padre y madre;
    2. Que sean hijos de padres pobres o incapaces;
    3. Que sean hijos fuera de matrimonio; y
    4. Que sean expósitos o que se encuentren asilados en establecimientos de beneficencia pública o de previsión social"?

    ¿Se encuentra vigente?

    Este artículo limita el campo sobre quiénes pueden ser adoptados, y dado que el Código Civil guarda silencio sobre quiénes pueden ser adoptados, considero que dicho código lo amplió, por lo cual no es aplicable,

    1. ¿Considera que es aplicable el Artículo 4 del mismo Decreto Legislativo:

    "Pueden adoptar:

    1. Las personas solteras mayores de cuarenta años, que no tengan hijos bajo su patria potestad;
    2. Los cónyuges que no tengan hijos bajo su patria potestad; y
    3. El cónyuge, de cualquier edad, al hijo del otro cónyuge"?

    Este artículo es una limitación sobre quiénes pueden ser adoptantes, y dado que el Código Civil guarda silencio sobre quiénes pueden adoptar, considero dicho código lo amplió, por lo cual no es aplicable.

    5.¿Considera que es aplicable el Artículo 12 del mismo Decreto Legislativo:

    "Si el adoptante es de costumbres depravadas o da mal trato al adoptado, previa denuncia de cualquier persona al juez de Primera Instancia de su domicilio o a instancia del Ministerio Público aquél instruirá la averiguación correspondiente, y si hubiere mérito, a pedimento de parte pondrá término a la adopción y dispondrá se aseguren los alimentos del adoptado"?

    Este artículo considero que sí es aplicable, ya que en este artículo se contempla la conducta antijurídica del adoptante, y en el Código Civil únicamente se contempla como causales para revocar la adopción la conducta antijurídica del adoptado; y revocar no es lo mismo que poner a término la adopción. Revocar es un derecho unilateral de una de las partes y poner término puede ser por distintas razones incluyendo por decisión judicial. Considero que si nuestro Código Civil permite la revocación de la adopción por la conducta antijurídica del adoptado. La Corte de Constitucionalidad debería pronunciarse sobre la necesidad de aclarar que este artículo sí es aplicable, ya que en esta norma se está protegiendo al menor adoptado, y no al adoptante, quien en pleno uso de sus derechos constitucionales decide adoptar. El sujeto activo que puede promover es el adoptado o cualquier persona.

     

    FORMULARIO DE PREGUNTAS QUE REALIZAMOS AL LIC. FERNANDO LINARES BELTRANENA, CON FECHA 22 DE ENERO

    DE 2001 :

    1. ¿Dónde se encuentra regulada la institución de la adopción?

    La institución de la adopción se encuentra regulada en la Constitución Política de la República de Guatemala, en la Convención sobre los Derechos del Niño, el cual fue ratificado por el Congreso de la República, en el Código Civil y en la Ley Reguladora de Jurisdicción Voluntaria.

    2.¿Considera que el Decreto Legislativo 375 del Congreso de la República (Ley de adopción) es aplicable en la actualidad en cuanto a las normas que no se encuentren reguladas o en oposición con el Código Civil , Decreto-Ley 106, ya que el artículo 2179 de este cuerpo legal derogó la Ley de Adopciones únicamente en cuanto a las disposiciones que estén comprendidas o se encuentren en oposición con lo establecido en dicho Código Civil?

    Considero que no es aplicable por las razones expuestas en la pregunta siguiente.

     

     

     

    3.¿Considera que es aplicable en la actualidad el artículo 3 del Decreto 375:

    "Pueden ser adoptados los menores de edad, siempre que concurran una de las circunstancias siguientes:

    a)Que sean huérfanos de padre y madre;

    b)Que sean hijos de padres pobres o incapaces;

    c)Que sean hijos fuera de matrimonio; y

    d)Que sean expósitos o que se encuentren asilados en establecimientos de beneficencia pública o de previsión social"?

    ¿Se encuentra vigente?

    Por el Artículo 21 de la Convención sobre los Derechos del Niño de UNICEF, el cual dice en su parte conducente: "Los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán de que el interés superior del niño sea la consideración primordial". Dicha convención fue ratificada por el Decreto número 27-90 del Congreso de la República, el l 26 de enero de 1990. Razón por la cual considero que el Decreto 375, que Contiene la Ley de Adopción no es aplicable, ni se encuentra vigente. Ya que de acuerdo con el artículo 44 de la Constitución política de la República de Guatemala, establece que los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana; y por el artículo 46 también de la Constitución el cual establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno.

    Razón por la cual considero que prevalece el artículo 21 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

    4. ¿Considera que es aplicable el Artículo 4 del mismo Decreto Legislativo:

    "Pueden adoptar:

    a)Las personas solteras mayores de cuarenta años, que no tengan hijos bajo su patria potestad;

    b)Los cónyuges que no tengan hijos bajo su patria potestad; y

    c)El cónyuge, de cualquier edad, al hijo del otro cónyuge"?

    Considero que no es aplicable por las mismas razones que expresé en la pregunta 3, ya que considero que en los artículos de este decreto, el interés superior del niño no es la consideración primordial.

    1. ¿Considera que es aplicable el artículo 12 del mismo Decreto Legislativo:

    "Si el adoptante es de costumbres depravadas o da mal trato al adoptado, previa denuncia de cualquier persona al juez de Primera Instancia de su domicilio o a instancia del Ministerio Público aquél instruirá la averiguación correspondiente, y si hubiere mérito, a pedimento de parte pondrá término a la adopción y dispondrá se aseguren los alimentos del adoptado"?

    Este artículo considero que es inconstitucional, por el Artículo 50, de la Constitución Política de la República de Guatemala, el cual establece que todos los hijos son iguales ante la ley y tienen los mismos derechos, y que toda discriminación es punible.

    El Artículo 50 de la Constitución equipara a hijo natural al hijo adoptado, por lo tanto, es inconstitucional.

     

    FORMULARIO DE PREGUNTAS QUE REALIZAMOS AL DOCTOR LUIS BELTRANENA VALLADARES, CON FECHA 23 DE ENERO

    DE 2001 :

     

    1. ¿Dónde se encuentra regulada la institución de la adopción?

    La institución de la adopción se encuentra regulada, en la Constitución Política de la República de Guatemala, en el Código Civil y en el Decreto 375 del Congreso de la República que contiene la Ley de Adopción en lo que no fue derogado expresamente o que no se encuentre en oposición con el Código Civil, Decreto-Ley 106.

    2.¿Considera que el Decreto Legislativo 375 del Congreso de la República (Ley de Adopción) es aplicable en la actualidad en cuanto a las normas que no se encuentren reguladas o en oposición con el Código Civil , Decreto-Ley 106, ya que el artículo 2179 de este cuerpo legal derogo la Ley de Adopciones únicamente en cuanto a las disposiciones que estén comprendidas o se encuentren en oposición con lo establecido en dicho Código Civil?

    Considero que sí es aplicable en cuanto a las normas que no se encuentren reguladas o en oposición con el Código Civil, Decreto Ley 106, ya que el artículo 2179 así lo establece claramente.

    3.¿Considera que es aplicable en la actualidad el Artículo 3 del Decreto 375:

    "Pueden ser adoptados los menores de edad, siempre que concurran una de las circunstancias siguientes:

    a)Que sean huérfanos de padre y madre;

    b)Que sean hijos de padres pobres o incapaces;

    c)Que sean hijos fuera de matrimonio; y

    d)Que sean expósitos o que se encuentren asilados en establecimientos de beneficencia pública o de previsión social"?

    ¿Se encuentra vigente?

    Considero que sí es aplicable ya que el mismo se refiere a quienes pueden ser adoptados, lo cual no se encuentra ni regulado ni en oposición con lo que establece el Código Civil, Decreto Ley 106, en los artículos 228 al 251 donde se encuentra regulada la adopción.

     

     

    4. ¿Considera que es aplicable el Artículo 4, del mismo Decreto Legislativo:

    "Pueden adoptar:

    1. Las personas solteras mayores de cuarenta años, que no tengan hijos bajo su patria potestad;
    2. Los cónyuges que no tengan hijos bajo su patria potestad; y
    3. El cónyuge, de cualquier edad, al hijo del otro cónyuge"?

    Considero que sí es aplicable ya que el mismo se refiere a quienes pueden adoptar, requisitos que no se encuentran ni regulados ni en oposición con lo que establece el Código Civil, Decreto Ley 106, en los artículos 228 al 251 donde se encuentra regulada la adopción.

    Interpretando este artículo a "STRICTU SENSU" significa que una persona que tenga un hijo adoptado bajo su patria potestad, no puede adoptar a otro.

    5.¿Considera que es aplicable el artículo 12 del mismo Decreto Legislativo:

    "Si el adoptante es de costumbres depravadas o da mal trato al adoptado, previa denuncia de cualquier persona al juez de Primera Instancia de su domicilio o a instancia del Ministerio Público aquél instruirá la averiguación correspondiente, y si hubiere mérito, a pedimento de parte pondrá término a la adopción y dispondrá se aseguren los alimentos del adoptado"?

    Considero que la frase pondrá término en la forma que está utilizada en el Artículo 12 y en el 15 del decreto en mención utilizan un lenguaje similar en ambos, que es distinto a revocar, razón por la cual considero que este artículo por no estar en oposición ni regulado con nuestro Código Civil es aplicable.

    A la luz de la experiencia judicial, social y cambios sociales que han transcurrido en la media centuria desde la fecha del Decreto 375 del Congreso de la República hasta nuestros días, es necesario revisar todas las disposiciones relacionadas con la adopción, para que se emita una ley de adopción acorde a garantizar las garantías del menor, y evitar así, que la adopción se preste a un negocio.